Posicionar al sector minero como un motor de recuperación del crecimiento económico y la generación de empleo. Este es el principal objetivo en materia minera que contiene el programa presidencial de Sebastián Piñera, para el período comprendido entre 2018 y 2022.
Dicho objetivo se suma a otros cuatro que reúnen una serie de medidas para el sector extractivo nacional, entre las cuales se encuentra reducir la incertidumbre regulatoria mediante reglas claras y estables; abordar desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad; desarrollar una minería sustentable e inclusiva, y finalmente, la modernización de las principales instituciones del sector.
Como parte de un trabajo de investigación de MINERÍA CHILENA, que incluye el contacto directo y exclusivo con el coordinador del programa minero del abanderado, el ex subsecretario de Minería, Francisco Orrego, detallamos en profundidad los principales objetivos y medidas orientadas al desarrollo de la actividad económica más importante del país.
Como parte de la “hoja de ruta para el futuro”, en el equipo minero de Piñera establecen la necesidad de crear una Comisión Asesora Presidencial que elabore una Política Nacional de Minería 2018-2050, en la que participe el sector público, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil.
Dentro de este marco, se encuentra además la propuesta de establecer una Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión que atraiga, coordine y agilice nuevas inversiones en el sector, lo que de acuerdo al análisis efectuado al interior del grupo minero del candidato, se sustenta en “una creciente demora en la revisión y falta de certeza, que afecta negativamente la percepción que los inversionistas internacionales tienen respecto a nuestro país”, según explica Francisco Orrego.
Francisco Orrego, ex subsecretario de Minería.
De esta forma, el programa plantea la creación de dicha oficina, a partir de la experiencia de la MPMO (Major Project Management Office) de Canadá. Sin embargo, “la dependencia y operación de este organismo es algo que debe definirse entre diversos actores, considerando que tendría una amplia aplicación sectorial”, explica Orrego.
Otra de las medidas planteadas en el contexto del posicionamiento del sector minero, consiste en evaluar la creación de instrumentos específicos de atracción y protección de inversiones. En esta línea, aclaran desde el comando que la idea no es hacer un nuevo DL 600, sino que “pensar en un nuevo estatuto que de garantías de estabilidad regulatoria, tributaria, de no discriminación, de acceso a mecanismos de solución de controversias, entre otros”, precisa el ex subsecretario.
Pequeña y Mediana Minería
La propuesta de Sebastián Piñera para la pequeña minería apunta a la elaboración de un estatuto especial para este sector, con la finalidad de reunir en un solo cuerpo legal toda la reglamentación relativa a ellos, la cual incluiría temas de seguridad, revisión de proyectos, planes de cierre, capacitación y precios de sustentación, entre otros.
Para la mediana minería, el programa apunta a efectuar una revisión de las normas de cierre de faenas e instalaciones mineras, que flexibilice los instrumentos de garantía, modifique el cálculo de vida útil y corrija vacíos legales e interpretativos. En este contexto, Francisco Orrego señala que “la Ley de cierre de faenas, que fue dictada bajo nuestro primer gobierno, significó un gran avance en materia medioambiental para el sector, situando a nuestro país como uno de los más avanzados en la materia. Pero estamos conscientes que, luego de algunos años de aplicación, resulta necesario introducirle algunos perfeccionamientos a este importante cuerpo legal”.
Royalty e innovación
En materia de desafíos futuros en desarrollo, innovación y competitividad, el programa minero del abanderado de centroderecha considera “aumentar la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al Fondo de Inversión y Reconversión Regional”. Frente a esta medida, Orrego aclara que “nuestro programa no busca aumentar el Impuesto Específico a la Actividad Minera o ´royalty minero´ ni para este propósito ni para ningún otro (…), lo que queremos es incrementar la proporción del royalty minero que se destine a proyectos de innovación de la región correspondiente, con un procedimiento trazable que permita medir y dar continuidad de manera transparente a dichos proyectos. Queremos por esta vía fomentar e impulsar la innovación a nivel local o regional”, explica el abogado.
Modernización institucional y Codelco
Modernizar el gobierno corporativo de Enami, reforzar el rol fiscalizador y de auditoría de Cochilco, evaluar la creación del Servicio Geológico de Chile y de un Servicio Nacional de Minería, junto al fortalecimiento del Ministerio de Minería, son las medidas planteadas en materia institucional.
Para el caso de Enami, el nuevo gobierno corporativo de esta empresa de fomento, “debe cumplir con los más altos estándares en materia de nombramientos, transparencia, calidad, entre otros”. La idea, al interior de la candidatura, es que la instancia la encabece “un Directorio altamente calificado que resguarde el cumplimiento cabal del objeto de Enami e incorpore métodos y procedimientos de administración y control transparentes y técnicamente reconocidos, independientemente de las funciones que corresponden a las autoridades políticas”, señala Orrego.
Para el caso de Codelco, el programa de Sebastián Piñera plantea la idea de profundizar la autonomía de la cuprífera estatal, dándole mayor independencia a su gobierno corporativo respecto a los cambios de gobierno y dotándolo de mayores herramientas para gestionar con eficiencia la actual diversidad y complejidad de la corporación.
Asimismo, señala la necesidad de definir una política de dividendos estable a largo plazo y reemplazar la Ley Reservada. En este contexto, Francisco Orrego detalla que la idea es que “Codelco capitalice una parte importante de sus utilidades, y por otra parte, para que esta política de dividendos realmente esté alineada con las políticas comparables de las grandes mineras mundiales, y para que surta el efecto de estabilidad financiera esperado, se propone eliminar la Ley Reservada, de modo que el monto base de utilidades sobre la que se aplique la política de dividendos propuesta sea más representativa de las utilidades de la empresa. Esto implicaría definir una regla diferente de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que le garantice al país una estabilidad de recursos y la mantención de un adecuado nivel de protección de la seguridad nacional”.
También se hace mención a definir un programa de inversiones realista para Codelco, y al alcance de los recursos disponibles, acompañado de una fuerte prioridad en obtener el máximo rendimiento de los activos existentes.