(El Mercurio) El Consejo de Defensa del Estado (CDE) está evaluando querellarse por el delito de negociación incompatible por los contratos cuestionados por Contraloría entre Codelco y empresas relacionadas a familiares de ejecutivos o directivos.
La presidenta de este organismo, María Eugenia Manaud, comentó que el Ministerio Público le entregó los antecedentes, los que están siendo analizados por el comité penal del CDE. «Esa investigación está en desarrollo en el Ministerio Público, aún no se ha formalizado, están en estudio los antecedentes y lo mismo está haciendo el Consejo de Defensa del Estado», señaló Manaud a diputados, durante la sesión de la comisión investigadora de los contratos de la minera.
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente lleva adelante una investigación desformalizada abierta, luego que se conociera la auditoría realizada por Contraloría en Codelco -el denominado informe 900- que cuestiona algunos contratos entre la minera y partes relacionadas.
En este informe se advierte de contratos entre partes relacionadas por un monto de US$ 783 millones, correspondientes al trienio 2013-2015.
Manaud dijo a los diputados que «por ahora estamos vigilando la investigación y próximamente determinaremos si existe mérito para presentar una querella».
Explicó que todavía no tienen claridad si los hechos denunciados revisten el carácter de delito. «No están prohibidos los contratos con empresas relacionadas en la medida que se trate de una excepción, que sea debidamente fundado y que se informe a la Contraloría y la Cámara», sostuvo.
Pero agregó que «nosotros tenemos que revisar cada uno de los contratos para poder establecer si realmente no hay relación con el precio de mercado o si efectivamente no había otros proveedores».
Indicó que si en ese análisis detectan que en algunos acuerdos que involucran a familiares de ejecutivos o directivos los precios pactados están muy por sobre el mercado, podrían dar curso a una acción legal.
«Si pensamos que puede constituir delito, presentaremos una querella y, en definitiva, quien resolverá serán los tribunales si se configuraron o no esos delitos», sentenció.
Consultado Codelco por las declaraciones de Manaud, declinaron referirse a estas.
Normas mínimas de probidad
La presidenta del CDE también apoyó la postura de Contraloría en su diferendo jurídico con Codelco respecto a qué normas rigen a la minera al momento de cerrar contrataciones.
La minera señala que su marco normativo es el de la Ley de Sociedades Anónimas, mientras que Contraloría señala que se rige por la de Compras Públicas, diferencia que será zanjada en tribunales, en donde el CDE defiende al organismo fiscalizador.
«Sí, se requieren controles respecto de empresas del Estado. No puede ser que se asimilen totalmente a una sociedad anónima, porque los recursos comprometidos son públicos», opinó Manaud.
Agregó que «se trata de normas mínimas de probidad que deben resguardarse. Nuestro planteamiento en el juicio es un planteamiento del Consejo de Defensa del Estado, y en este caso coincidimos con las apreciaciones que tenía la Contraloría».
Comentó que no es primera vez que el CDE participa de este tipo de juicios, ya que han estado en litigios similares con otras empresas del Estado, pero que siempre primó la visión del Consejo. Aventuró que este juicio entre Codelco y Contraloría todavía tiene un largo recorrido en tribunales, ya que será zanjado por la Corte Suprema.
»El Ministerio Público nos proporcionó los antecedentes y los estamos estudiando. Por ahora estamos vigilando la investigación».