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US$1.800 millones en litio quedan sin explotar al caerse acuerdo SQM-Corfo

Seis meses de negociaciones, 40 páginas de propuestas, casi todas con la venia de ambas partes, fallaron en un punto clave: que Julio Ponce perdiera el control de la minera.

(El Mercurio) Si la pelea entre SQM, controlada por Julio Ponce, y Corfo, liderada por su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitran, fuera una serie de televisión, uno de los capítulos de mayor rating se habría emitido este lunes 16 de octubre. Allí, un trabajo de seis meses a varias bandas para destrabar un conflicto que partió hace cuatro años por diferencias en el arriendo de las pertenencias en el Salar de Atacama, que generan seis de cada diez dólares que recibe SQM, se frustró en la puerta del horno. El punto de quiebre fue la petición de la entidad estatal de que el presidente de esta compañía sea un director independiente que no tenga el voto dirimente en caso de empate en la mesa, lo que de facto implica la pérdida del control de Julio Ponce en la minera no metálica.

Y aunque había algunas luces de que el ex presidente de SQM podría ceder, al final no lo hizo. Una de las razones es que la canadiense Potash Corp tiene 18 meses para vender su 32% en la empresa chilena para poder adquirir su coetánea Agrium, con lo que Ponce tendría un nuevo socio. Lo otro es que, según comentan cercanos, nunca este empresario pensó seriamente en desprenderse del control.

Según fuentes del proceso, el frustrado pacto implicaba que a SQM se le ampliaba la cuota para sacar litio del Salar hasta el 2030 en 180 mil toneladas -una cantidad propuesta por SQM y avalada por Corfo-, unos US$ 1.800 millones al precio referencial del mercado para los próximos años. Con ello, Chile mantenía el liderazgo mundial en este insumo clave, posición que hoy está en declive por la mayor competencia australiana.

Además, se ampliaba el royalty que debía pagar la minera controlada por Ponce por extraer el litio del Salar de Atacama desde 6,8% hasta 40%. El mismo vicepresidente de Corfo calculó que para el fisco este acuerdo sumaba más de US$ 1.000 millones en pago de royalties e impuestos.

Las negociaciones entre Corfo y SQM se dieron en varios niveles. El acuerdo económico como tal, y que suponía poner fin a tres arbitrajes, partió el 12 de abril de este año y subió en intensidad (ver recuadro). Pero hace dos meses, Eduardo Bitran habló con Rafael Guilisasti, el presidente de las Cascadas (por las cuales Julio Ponce controla SQM), para acordar el cambio del control. Corfo delegó este delicado tema a Felipe Bulnes, que asesoró a la entidad fiscal en el contrato de litio con Albemarle (Rockwood). Por las Cascadas, el abogado era Sebastián Oddó, el asesor legal de Ponce.

Hasta la primera semana de octubre las tratativas iban muy bien encaminadas. En la arena económica, el documento de 40 páginas concitaba el apoyo de ambas partes y había un buen clima negociador. De acuerdo a conocedores del proceso, lo único en el ámbito del gobierno corporativo que se negoció en esa instancia fue una reforma al directorio de la filial que explota el Salar de Atacama, SQM Salar. Esta subsidiaria tendría cinco miembros, dos de ellos independientes que Corfo podía objetar; un comité de auditoría que reporta directamente a la entidad estatal y al directorio; un auditor externo, posiblemente extranjero, elegido de una terna nominada por Corfo, para vigilar el cumplimiento de la explotación del Salar, entre otras materias. Según SQM, el nombre de Julio Ponce y la existencia de que debía dejar de controlar SQM no salió en esta instancia, pero en Corfo señalan que la administración de la minera sí sabía.

Aun así, conocedores del proceso señalan que ante la insistencia de SQM, se preguntó a Corfo si este tema iba a incluirse en el acuerdo. Telefónicamente, el 11 de octubre, la entidad gubernamental señaló que sí incluirían la cláusula del llamado casting vote o voto dirimente. En la práctica, tal exigencia implicaba prolongar el pacto actual que tienen los socios de SQM, Potash Corp, Pampa Calichera y Kowa, que es por tres años, hasta el 2030.

Con eso, ya a fines de la semana pasada se sabía que la conciliación estaba muerta. “Era solo una puesta en escena”, sostienen algunos participantes. Y aunque los abogados de Corfo plantean que bastaba con aplazar esta etapa y someter este punto al directorio de la minera, en SQM hacen ver que eso es resorte de los socios. Y con Potash Corp vendiendo su 32% en SQM, es muy difícil negociar algo.

Bitran señala que “Corfo está dispuesto a revivir el pacto en todos los puntos cuando Julio Ponce acceda a ceder el control de SQM”.

15 meses más de peleas legales

Lo que viene es un problema para el próximo gobierno. Profesionales que participaron del proceso estiman que el árbitro Héctor Humeres fallará todos los juicios en un año más. Y la parte que pierda recurrirá a la Corte Suprema, ya sea de queja o casación, con lo cual el proceso se demorará entre tres y seis meses más. De todas maneras, como la cuota del litio a SQM se le acaba en 2022 o 2023, la compañía debe necesariamente antes de eso -en concreto, desde marzo del próximo año- negociar la extensión de la cuota y del plazo de esta, que vence en 2030.

Aunque se consultó a los equipos económicos de los candidatos presidenciales con mayores posibilidades, la mayoría declinó referirse al tema. En el comando de Sebastián Piñera dijeron que era una negociación muy técnica, que dependerá de muchos factores y que a un mes de la elección es poco conveniente referirse a ella.

El único que sí expresó su opinión fue Paul Fontaine, del equipo de Marco Enríquez Ominami. Dijo que para renegociar el contrato es indispensable que SQM modifique su gobierno corporativo, que se eliminen las sociedades Cascadas y se homologuen los derechos de las series de acciones A y B en la minera.

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