(La Tercera) No sólo Óscar Landerretche ha tenido que preocuparse por la intervención de la Contraloría General de la República en la estatal Codelco. En las antiguas administraciones de la minera la preocupación sobre ese rol de la Contraloría, que se ejerce sólo en situaciones excepcionales, era recurrente. Incluso el propio Diego Hernández, hoy presidente de la Sonami, señaló a cercanos que si en su presidencia ejecutiva -entre 2010 y 2012llegaba el entonces contralor Ramiro Mendoza, él renunciaba. Pero el que sí le abrió la puerta al organismo con oficinas en Teatinos 56 fue Juan Villarzú, el año 2005.
El entonces presidente ejecutivo de la minera enfrentó una crisis tan potente como la que hoy vive Landerretche y que también, al igual que ahora, requirió la intervención del Congreso, pues los diputados formaron una comisión investigadora, la que tiempo después no descubrió nada ilegal.
La denuncia provino de la entonces senadora Evelyn Matthei (UDI), quien indicó que en Codelco los contratos con terceros eran poco transparentes y favorecían a personeros de la Concertación. Sus dichos fueron más allá e incluso indicó que se podía estar frente a un delito de fraude al Fisco. En la oportunidad, al igual que ahora, el ministro de Minería de la época, Alfonso Dulanto, res- paldó la gestión de la estatal, sin embargo reconoció que se podía ser más transparente. Y justamente esa fue la recomendación que entregó la Contraloría, organismo que realizó una auditoría y que finalmente no encontró ilegalidades.
La misma preocupación después tuvo José Pablo Arellano, quien llega a Codelco en marzo de 2006. Cercanos al economista indican que en su período se discutió mucho el rol de Codelco, en relación a si era una empresa pública o una empresa de Estado. La sutileza no es menor, pues la empresa pública puede hacer solamente lo que tie- ne permitido por ley, mientras que la empresa del Estado puede hacer todo menos lo que está prohibido. Arellano defendía que la minera no podía ser tratada como un organismo del Estado y que debía respetarse su directorio. Y fue en ese marco de la discusión que el actual integrante del directorio de Cieplan comenzó a trabajar en mejorar la transparencia de la compañía. Colaboradores de su gestión recuerdan la series de medidas que impulsó para cambiar la normativa, siendo la más relevante el cambio al gobierno corporativo de la minera. También destacan su compromiso para rebajar las contrataciones directas, estableciendo metas que finalmente fueron cumplidas.
Bajo la administración de Diego Hernández, en tanto, se solicitaron varios informes en derecho a importantes abogados de la plaza, con el fin de esclarecer el rol que cumplía la Contraloría en Codelco. Esto porque en ese período existía un proyecto de ley que buscaba terminar con la Comisión Chilena del Cobre, organismo que fiscaliza a la minera estatal, y se establecía como contraparte fiscalizadora al Ministerio de Minería. Sin embargo, ese organismo no estaba facultado para realizar auditorías a la compañía, abriendo la puerta a un ingreso más directo del controlador, lo que alarmó al ejecutivo.