(Pulso) A toda marcha trabajan al interior de Andes Iron, controladora del controversial proyecto de cobre y hierro Dominga, para hacer llegar su caso al Tribunal Ambiental y de esta manera dar viabilidad a la iniciativa.
Con la publicación de los antecedentes de la votación de los presentes en el Comité de Ministros, la administración de la minera dio inicio oficial a una instancia judicial para revertir la votación del proyecto, la que no le otorgó una resolución de calificación ambiental (RCA). Esto, pese a tener el visto bueno por parte de la autoridad técnica ambiental y se le recomendara su aprobación.
A eso de las 18:0 horas el viernes, al interior de la empresa dirigida por Iván Garrido se enteraron de la publicación de los documentos donde se detallaba los antecedentes de la resolución que rechazó el recurso administrativo presentado por la minera. Esto derivó a horas maratónicas con el equipo jurídico, liderada por Patricio Leyton, socio de FerradaNehme.
Tras la revisión previa de la documentación, cerca de las 9:00 horas del sábado, la administración citó a todos los medios de comunicación para hacer sus descargos, y anunciar que durante los próximos 30 días hábiles acudirían al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
“Estamos muy contentos de recibir este informe porque ratifica lo que señalamos y lo que la opinión pública ya conoce: que a Dominga se le rechazó por razones netamente políticas y no técnicas, en las cuales se aprecia a simple vista un proceso repleto de arbitrariedades e ilegalidades, tanto en la forma como en el fondo”, afirmó Iván Garrido, en dicha rueda de prensa.
Posteriormente, en una entrevista, el mismo ejecutivo también delineó que podrían perseguir una estrategia judicial en contra del actual ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena; o el intendente de Coquimbo Claudio Ibáñez, quien dirimió el rechazo en el Comité Regional de Evaluación Ambiental.
Sin embargo, comentan, dicho camino -al igual que el concurrir a una instancia internacional-, está lejos de ser zanjado.
No obstante, para concretar la llegada al Tribunal Ambiental en los 30 días que se establecen, los esfuerzos continuaron este lunes, con una seguidilla de reuniones con el objetivo de analizar el documento.
El estudio previo, explican conocedores de la empresa, estaría entregando nuevos antecedentes de inconsistencias respecto a la votación de los seremis y posteriormente los ministros de área económica, y los documentos y respuestas entregadas durante el proceso de evaluación ambiental.
Ayer, el ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, también se refirió a las palabras del gerente general de Andes Iron, reiteró que para el Gobierno el impasse por el proyecto de US$2.000 millones que buscaba emplazarse en la Región de Coquimbo, es un tema zanjado.
“Está en su derecho el titular de presentar las acciones que estime pertinente en el contexto de la institucionalidad ambiental, pero para el Ejecutivo, el proyecto y el caso están cerrados. Nosotros hemos actuado siempre en el contexto de la institucionalidad ambiental, y he actuado de forma técnica, y no tengo más que referirme al tema”, dijo.