(Reuters) La empresa Andes Iron, dueña del proyecto minero Dominga en Chile, dijo el sábado que acudirá a un tribunal ambiental para revertir el controversial rechazo de un comité de ministros que paralizó la iniciativa que demandaría una inversión de 2.500 millones de dólares.
La decisión de la minera se fundamenta en una supuesta “arbitrariedad y discrecionalidad” con la que se abordó el estudio del proyecto y en la que dos ministros del área económica votaron a favor de la iniciativa y luego renunciaron por discrepancias con la presidenta Michelle Bachelet.
“Hemos hecho una revisión preliminar de la resolución y vemos que se reiteran las arbitrariedades y (…) discrecionalidades que se han dado en todo este proceso”, dijo en rueda de prensa Iván Garrido, presidente de Andes Iron.
“Se reitera la ilegalidad con que se ha tratado el proyecto y que ha significado que dos ministros hayan tenido que renunciar para no hacerse parte de este proceso ilegal”, agregó.
En el fallo del comité de ministros se argumentó deficiencias en la sustentación ambiental del proyecto con capacidad de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 toneladas de cobre.
Dominga se ubicaría 60 kilómetros al norte de la central ciudad de La Serena, cerca de reservas ecológicas por lo que sus adversarios habían advertido que causaría un grave daño ambiental en la región.
El proyecto ha salpicado también al mundo político, ya que algunos han denunciado la vinculación del proyecto en su génesis con el expresidente y candidato presidencial Sebastián Piñera, mientras otros han ventilado que la iniciativa se ubica cerca de terrenos de propiedad de la presidenta Michelle Bachelet.