(El Mercurio) El 21 de agosto fue el «superlunes» de las noticias. El Tribunal Constitucional definía el aborto en tres causales. Se daba inicio al juicio oral del emblemático caso Luchsinger-Mckay. Vencía el plazo para inscribir las candidaturas presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de cara a las elecciones del próximo 19 de noviembre. Ese «superlunes», a las 7:30 de la mañana, fue la fecha elegida por el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, para definir el proyecto minero-portuario Dominga, que involucra una inversión de US$ 2.500 millones. El problema es que la convocatoria al Comité de Ministros que decidiría la suerte de este proyecto se hizo con menos de dos días de anticipación: se cursó el viernes a las 20:40 horas.
Lo apresurado de la citación, los pormenores de cómo se articuló este y el posterior rechazo de la iniciativa provocaron una tormenta en el propio gobierno que está lejos de amainar, porque, como admiten en el Ejecutivo, «quedó de manifiesto que hay una fractura profunda en el Gabinete».
Minera Dominga se sumó a la larga lista de proyectos de inversión que se judicializa. La matriz dueña del proyecto, Andes Iron -cuyo control está en manos de la familia Délano Méndez, pero también son accionistas los Garcés Silva y minoritarios-, hará una reclamación ante el Tribunal Ambiental por las ilegalidades cometidas tanto por el Consejo Regional de Coquimbo, que rechazó la iniciativa el 9 de marzo pasado, como por el Comité de Ministros, pidiendo anular las resoluciones de ambas instancias. Contrató para ello a Luis Cordero, Nicole Nehme y Patricio Leyton, de Ferrada & Nehme, y cuenta con la asesoría del vicedecano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica y ex subsecretario del Medio Ambiente de Sebastián Piñera, Ricardo Irrarrázabal. Y aunque es muy difícil, no descartan demandar al Estado de Chile, admite el presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido (ver entrevista).
El impacto en La Moneda
El gran protagonista de este lunes fue el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Si había alguna pretensión de que la decisión sobre el proyecto minero-portuario pasara desapercibida en un día tan noticioso, el efecto fue el contrario.
El ministro de Economía llegó a la reunión, pidió aplazarla, no lo logró y se retiró de la oficina donde sesionaba el comité, en San Martín 73, en Santiago centro. «No tenía los plazos suficientes, en mi caso personal, para una votación de los distintos puntos planteados que fuera fundamentada de la forma que corresponde, como en todos y cada uno de los casos de los cuales yo he participado en votaciones de Comité de Ministros», señaló al salir, desatando una batahola que dejó en evidencia las distintas posturas sobre el tratamiento a los proyectos de inversión.
La reacción de Céspedes tomó desprevenida a La Moneda, donde señalan que podría haber votado a favor del proyecto, lo que habría provocado un empate que tendría que haber dirimido Marcelo Mena, y aunque el resultado final, el rechazo, habría sido el mismo, probablemente habría sido menos polémico que tener que explicar por qué se convocó tan apresuradamente al Comité.
Más allá de esto, en el Gobierno enfatizan que «esta fue la gran derrota del equipo económico por parte de los sectores políticos y ambientalistas».
Y es que parte importante del oficialismo rechaza Dominga por la vinculación del proyecto con la familia Délano Méndez, que tiene el 75% de Andes Iron, y porque entre sus socios anteriores estuvo el clan Piñera Morel. Otro factor es que en la zona tiene terrenos la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.
Ministro Céspedes no actuó «pauteado» por Hacienda
La decisión del titular de Economía fue respaldada por el Ministerio de Hacienda en la figura del subsecretario Alejandro Micco, quien lamentó «que se hayan tomado decisiones en forma apresurada». Pero en La Moneda, que pidió a Hacienda y a Economía que evitaran referirse al polémico proyecto, las declaraciones de Micco cayeron mal. El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, salió el viernes a reprenderlo en Tele 13 Radio, cuando dijo que «el rol de los funcionarios públicos es respaldar la institucionalidad que existe en el país. Si a alguien no le gusta una decisión de un organismo regular del Estado y es funcionario público, él no puede hacer comentarios de eso».
Según fuentes de Gobierno, la postura de Céspedes de abstenerse y no votar fue «personal» y no la conversó con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, aunque este sí lo apoyó.
Sin embargo, este proyecto minero también dejó en evidencia la división en el equipo económico. De los ministros del área, solo la ministra de Minería, Aurora Williams, apoyó la iniciativa en su totalidad. El titular de Energía, Andrés Rebolledo, aprobó la mina y no el puerto; y el ministro de Agricultura, Carlos Furche, rechazó ambos, pese a que con anterioridad había dado su beneplácito al puerto Cruz Grande de CAP, que está en la misma zona y es casi idéntico al terminal de Dominga, que se llama «Totoralillo».
De hecho, en el sector privado sorprendió la votación de Furche, a quien han visto tanto en su cargo de ministro de Agricultura como en sus anteriores responsabilidades, como un hombre «proinversión». La explicación para su rechazo al proyecto Dominga, añaden, es que habría habido una petición expresa de La Moneda para que cambiara su postura. Al respecto, Carlos Furche, quien se encontraba hasta el viernes fuera del país, señaló que se referirá a este tema cuando vuelva a Chile.
El rol de Ana Lya Uriarte
Las diferencias entre el equipo económico y el político también se dejan ver a la hora de atribuir responsabilidades. Fuentes ligadas al equipo económico señalan que la decisión de Mena contó con el apoyo de la asesora de la Presidenta y ex ministra del Medio Ambiente, la militante PS Ana Lya Uriarte. Señalan que las motivaciones de esta abogada ambiental serían de índole político y buscarían proteger a La Moneda y a la Presidenta Bachelet de otro escándalo, cuando aún está fresco el caso Caval: Dado que Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, tiene terrenos en el área, el temor es que con la aprobación de Dominga, estos se valorizarían, desatanto nuevamente una controversia.
Sin embargo, Ana Lya Uriarte descarta cualquier participación en este sentido. En una declaración a «El Mercurio» enfatiza: «La Presidencia de la República no intervino ni explícita ni tácitamente en la decisión del Proyecto Dominga, y la vocera de gobierno ha explicado claramente la forma en que el Gobierno actúa en relación a las instituciones y sus regulaciones». Y añade: «Mantengo con todos los ministros y ministras del gabinete de la Presidenta una relación cordial y profesional, animada en un mismo propósito: cumplir con las tareas que a cada uno compete en el marco de las atribuciones correspondientes».
«En mi rol de directora del gabinete presidencial, no tengo la tarea de hacer seguimiento a las tareas ministeriales ni ocuparme de las funciones propias de cada sector del gobierno», señala.
Redes de Marcelo Mena son ambientales, no políticas
Pero ¿por qué tanto apuro y convocar al Comité de Ministros solo con dos días de anticipación? Ante esta pregunta de «El Mercurio», el Ministerio del Medio Ambiente -no el ministro Marcelo Mena, que se excusó por estar fuera de Chile- justificó la premura debido a que «la empresa había anunciado públicamente su voluntad de acogerse a «silencio administrativo».
La cartera hace ver que Mena «tiene la atribución de citar en un plazo menor a 10 días, frente a alguna urgencia», y esa urgencia era acogerse a «silencio administrativo». Sin embargo, el CEO de Dominga, Iván Garrido, dice que cuando señalaron ese cauce de acción, precisaron que consistía en concurrir al Tribunal Ambiental, cuestión que harán.
Marcelo Mena es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso, con un doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Iowa y un post doctorado del MIT en ciencia y política del cambio global, pero que no tiene ni militancia política ni conexiones con los partidos políticos. «Sus redes son ambientales, no políticas y su mayor vínculo con el mundo público es Ana Lya Uriarte», comenta un cercano a él.
A esta trama se agregan dos políticos que tienen un gran ascendiente en La Moneda y que le han declarado la guerra a la Minera Dominga. Por un lado, el senador PPD Guido Girardi, quien ha sido muy activo en las redes sociales para rechazar la iniciativa. Por otro, la senadora por Coquimbo, Adriana Muñoz (PPD), quien ha cuestionado el proyecto por su vinculación con la familia de Carlos Alberto Délano, quien es socio de Penta, grupo en el cual trabajó el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, quien mientras se desempeñó como tal siguió recibiendo un sueldo de parte de Penta. A esta situación, la senadora agrega que el clan Piñera tuvo una participación pasiva en Dominga hasta el año 2010.
Ex de Energía y Medio Ambiente ponen «lápida» al Comité de Ministros
Otro damnificado con el episodio Dominga fue el Comité de Ministros como entidad. El ex ministro de Energía, Máximo Pacheco Matte, se sumó a la visión crítica que sobre esta institución manifestó esta semana el ex titular del Medio Ambiente Pablo Badenier.
«Se requiere una institucionalidad ambiental independiente del gobierno de turno. La injustificable postergación a la que el gobierno anterior sometió a HidroAysén y el telefonazo presidencial de Barrancones iniciaron un cuestionamiento severo a nuestra institucionalidad ambiental», sostiene Pacheco, quien agrega que «el Comité de Ministros se ha ido debilitando paulatinamente y si antes tenía sentido como última instancia, ya no lo tiene, porque hoy existen dos instancias posteriores, como son el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema. Ese hecho debilita al Comité de Ministros y también a la institucionalidad en su conjunto».