Iván Garrido por rechazo a Dominga: «Esto claramente tiene que ver con la administración de la Presidenta Bachelet»

Ago 28, 2017

Crítico de las declaraciones de esta semana del ministro Mena, plantea: "La única posibilidad es que él no conocía el expediente, y si no lo conocía, uno se pregunta cómo pudo votar. La verdad, uno queda perplejo frente a lo básico de su argumentación; es una argumentación débil para un ministro de Estado".

(El Mercurio) Sin siquiera empezar a construirse, Minera Dominga ha requerido una inversión de US$ 300 millones para Andes Iron, la dueña del proyecto. Luego de tres años y medio de tramitación ambiental, cientos de profesionales involucrados tanto en el ámbito público como privado y un gasto de US$ 26 millones en estudios, el presidente ejecutivo de Andes Iron y cabeza de Dominga, Iván Garrido, reclama que tras el rechazo del Consejo Regional del pasado 9 de marzo y del Comité de Ministros este lunes 21 de agosto, hay una responsabilidad del gobierno de la Presidenta Bachelet.

-El rechazo a Dominga de este lunes, ¿fue una decisión política?

«No sé las motivaciones de los ministros para haber votado como lo hicieron. Pero de acuerdo a lo que ha planteado el ministro Mena y por cómo ocurrieron las citaciones, nos parece al menos irregular, entre gallos y medianoche».

«El comité de ministros debe citarse con 10 días hábiles de antelación, por dos razones: para que se compatibilice la agenda de los ministros, y la segunda es para que los ministros y sus equipos tengan el tiempo adecuado para poder profundizar y enterarse de todas las complejidades del estudio ambiental de Dominga, que tomó tres años y medio, y poder votar de acuerdo al mérito del expediente».

«Además, el Comité pidió más informes, que fueron llegando el mismo viernes. Pero esos informes deben ser contrastados con el Informe Consolidado de Evaluación y requieren un análisis técnico».

-¿Considera que se vició el proceso en el Consejo Regional y en el Comité de Ministros?

«En la Comisión Regional, algunos seremis (salud, energía y transportes) y el intendente mostraron falta de motivación, arbitrariedad e ilegalidad. Creemos que jurídicamente demostramos eso en la reclamación presentada ante el Comité de Ministros. Nuestra reclamación no fue por aspectos ambientales, fue por estas otras razones antes mencionadas. Pero por lo menos en lo que ha hablado el ministro Mena en profusas entrevistas y por la decisión del ministro de Economía de retirarse, eso parece que no se trató en profundidad en el Comité de Ministros, por lo cual también en esa instancia hay una arbitrariedad o un vicio en el proceso».

«Usted no puede responder A cuando le están preguntando por Z».

«Uno ve un agravio a la institucionalidad del país, que es la base del desarrollo».

-¿Y a qué se debe a su juicio este actuar?¿Considera que el ministro Mena tiene un sesgo ideológico o político que afecta la legalidad del proceso?

«No puedo entrar en la mente de un ministro, pero cuando se ha hecho un estudio ambiental complejo, durante tres años y medio, invirtiendo US$ 26 millones, con la participación de cientos de profesionales, con cuatro Icsaras (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones), cuando uno ve todo este proceso y escucha la argumentación tan débil como la que da el ministro o la comisión regional, como decir que ‘quiero estándares mejores para mi país, que están fuera de la ley’, uno ve ahí un agravio a la institucionalidad del país, que es la base del desarrollo».

-El ministro Mena tiene en sus manos el Informe Consolidado de Evaluación del SEA, que es favorable al proyecto, y otro que pidió al subsecretario de Medio Ambiente, que llegó recién el viernes, que sería adverso al proyecto. ¿Cuál pesa más?

«El Informe Consolidado de Evaluación (ICE) es el resultado del proceso de evaluación, riguroso y argumentado. Un informe del subsecretario de Medio Ambiente da cuenta de aspectos puntuales. Por supuesto que el ICE es más importante, no obstante que los informes posteriores tienen que ser contrastados con el ICE».

«El ministro Mena habla de ‘deficiencia en la línea base’ o ‘que no habría considerado las sinergias con el puerto Cruz Grande, de la CAP’ y ¡esos dos aspectos están! ¡La línea base son dos años de levantamiento! ¡Yo participé de una reunión con el señor Troncoso, ex director del SEA, discutiendo de las sinergias con Cruz Grande que teníamos que incorporar y las incorporamos después!».

-¿Desconoce el ministro Mena el estudio ambiental de Dominga?

«A la luz de sus comentarios y sus declaraciones, la única posibilidad es que él no conocía el expediente y si no lo conocía, uno se pregunta cómo pudo votar. La verdad, uno queda perplejo frente a lo básico de su argumentación. Es una argumentación débil para un ministro de Estado».

«Hay una caricaturización: o lo medioambiental o el desarrollo, pero en el mundo se puede compatibilizar»

-¿Qué le pedirán al Tribunal Ambiental?

«A la luz de lo que ocurrió en el Consejo Regional, a la luz de los argumentos del señor Mena y del ministro de Economía, se agravó la arbitrariedad. Vamos a reclamar al Tribunal Ambiental que se declaren ilegales las resoluciones del Consejo Regional y del Comité de Ministros. Esto es un asunto de máxima gravedad para el país, porque no estamos discutiendo el fondo, sino un procedimiento con vicios de consentimiento».

-¿Tiene antecedentes de que en la votación del Consejo Regional en marzo y el Comité de Ministros, ahora, hubo una directriz de La Moneda?

«No tengo evidencia de aquello. Pero el intendente tiene una dependencia con el Ministerio del Interior, que tiene que haber estado enterado de cómo iba a votar en la comisión regional; uno intuye que tuvo que haber existido una conversación, un diálogo previo, porque este era un proyecto que había sido discutido por la prensa».

«Y creemos que el Ministerio del Interior tiene que conversar con sus superiores, que es la Presidencia, más aún en un Comité de Ministros, que dependen directamente de la Presidencia. Esto claramente tiene que ver con la administración de la Presidenta Bachelet».

«Cuando sale la ministra Paula Narváez (secretaria general de Gobierno) diciendo que esto se ajusta y respeta la institucionalidad, en nuestra opinión y con mucho respeto, creemos que es todo lo contrario. Esta resolución del Comité de Ministros transgrede doblemente la institucionalidad ambiental de Chile, por los argumentos que hemos discutido».

-Dado que esto tiene que ver con la Presidenta Bachelet. ¿Le pedirán audiencia para hablarlo?

«Honestamente, no lo hemos pensado. Nos hubiera gustado hablar con todas las autoridades, porque de buena fe hemos buscado todas las alternativas para mejorar nuestro estudio ambiental, específicamente respecto de estas discusiones sobre el otro puerto (Cruz Grande), que se relaciona con la planificación territorial».

«Hemos estado dispuestos a sentarnos a una mesa y buscar soluciones para mejorar los estándares ambientales, para dar cabidas a las legítimas intenciones de organizaciones sociales para cuidar el medio ambiente. Pero no nos han llamado. Propusimos en nuestra reclamación un centro de investigación con resultados vinculantes para Dominga y un acuerdo marco con la comunidad de La Higuera, donde compartimos parte de los beneficios del proyecto. Confiamos en que íbamos a tener una discusión con altura de miras para mejorar nuestra propuesta. Creíamos que el comité de ministros iba a probar con condiciones nuestro proyecto. Pero nunca fuimos llamados. El señor Mena no se refiere ni por lejos a los asuntos que reclamamos y menos a estas propuestas adicionales».

«Hay una caricaturización: o lo medioambiental o el desarrollo, pero en el mundo se puede compatibilizar. En California hay siete santuarios de la naturaleza y coexisten armónicamente con la actividad económica».

«Aquí (en la zona de Coquimbo) hay 2.000 barcos que pasan al año más cerca de las áreas protegidas que los buques que contempla nuestro puerto, que además son 50 anuales. Y además, el puerto de la CAP tiene más buques que el nuestro y está aprobado con la misma institucionalidad ambiental. Entonces uno dice: «por favor, que alguien nos explique qué hemos hecho mal'».

«Tengo que tener esperanza en los tribunales ambientales y de justicia de este país»

-El senador Guido Girardi ha hecho una activa campaña contra el proyecto en las redes sociales. ¿Qué tanto pesó él en la votación del consejo regional y del comité de ministros?

«La verdad es que no sé. Pero sí sé que el senador Girardi participó de la estructuración de la institucionalidad medioambiental; es un senador de la República. Que él, habiendo participado del rayado de cancha institucional, patee la mesa y diga que no está de acuerdo, eso es de la máxima gravedad, porque él como legislador sabe que el Legislativo es el camino para mejorar y corregir la institucionalidad medioambiental; él participa con estas reglas del juego».

«No puede ir a atacar un proyecto que sí cumple con la institucionalidad».

«Pero si él llama a querellarse contra los seremis que voten a favor de un proyecto porque de acuerdo a sus estándares, en su cabeza, no cumple, cuando la institucionalidad que él ayudó a crear está diciendo que sí cumple los estándares, hay ahí una inconsistencia e incoherencia significativa que daña el acuerdo sociedad de la democracia de un país».

-¿Qué confianza tienen en el Tribunal Ambiental?

«El proyecto Dominga se judicializó. Las entidades técnico-políticas no han podido resolverlo con las incoherencias que hemos descrito aquí. Aquí fracasó el Estado».

«Yo tengo que tener esperanza en los tribunales ambientales y de justicia de este país. Porque estamos en democracia, si dudamos de los tribunales estaríamos en una crisis muy profunda en Chile. Tengo la esperanza, más disminuida y afectada, por cierto, pero tengo la esperanza de que los tribunales resuelvan en consecuencia a los méritos del expediente y de nuestro proyecto».

«Esperamos que los tribunales de justicia reviertan esta arbitrariedad y podamos retrotraer y empezar de nuevo la votación».

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