(El Mercurio) La Contraloría General de la República detectó contratos entre la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y empresas de familiares de altos ejecutivos y directivos de la estatal por US$ 783 millones al analizar el trienio 2013-2015. El Informe Reservado N° 900, que describe estas operaciones, fue publicado por «El Mercurio» en junio pasado.
Por oficio N° 016837, del 10 de mayo, el propio contralor informaba al jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, de los resultados de la auditoría y advertía que al menos en un acápite existían «hechos que pudieran revestir el carácter de delito, los que se habrían cometido por funcionarios públicos en diversas regiones del país», consigna el documento.
Abbott decidió que debía abrirse una investigación y para su instrucción designó al jefe metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien a su vez encargó la tarea a los fiscales de Alta Complejidad, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ellos ya tenían a su cargo otro caso vinculado con la estatal: la indagatoria que involucra al ex ministro de la Segpres y ex diputado PPD Jorge Insunza.
Entre las primeras diligencias -además de los requerimientos de información documental- citaron a declarar como testigo a la jefa de la Unidad de Auditorías del órgano fiscalizador, Marta Naveas.
Los fiscales querían conocer de primera fuente las conclusiones a las que había arribado la Contraloría, tras analizar estos contratos relacionados.
Según se lee en las cinco páginas donde quedó plasmado el testimonio de la funcionaria, el foco estuvo en Hatch Ingenieros y Consultores Limitada.
También hubo, sin embargo, una pregunta por el caso de Insunza y sus trabajos para la estatal.
«Se observó que en Codelco se celebraron contratos que resultarían improcedentes, como es el caso con las contrataciones efectuadas con la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, debido a que se determinó la existencia de una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el Sr. Francisco Casas Cánepa, gerente de proyectos de la vicepresidencia de Codelco, y el Sr. Fernando Vivanco Geisen, representante legal de esa empresa, siendo este último suegro de Casas Cánepa», consigna en su declaración la jefa de Auditorías.
Detalla que hubo un contrato suscrito con Hatch el 19 de febrero de 2014 por $7.667 millones, estando Casas Cánepa en la gerencia de proyectos de la vicepresidencia de Codelco y su suegro como representante legal de Hatch. Fue de asignación directa.
Recuerda, sobre el mismo proveedor, otro convenio de 2010, adjudicado mediante proceso concursal. En esa fecha, Vivanco ejercía como vicepresidente de proyectos de Codelco, advierte, y se aprobó un contrato con Hatch por $23 mil millones. Ese mismo año, en octubre, Vivanco renunció a su cargo y se convirtió en representante legal de esa empresa.
Naveas sigue con su relato y dice que, en 2015, hubo un tercer contrato entre la estatal y Hatch por $24 mil millones, «lo que también se realizó por contratación directa», apunta.
Sin estándar
Plantea además que, al menos en el caso de la contratación de 2014, «su justificación no fue suficiente para cumplir con lo exigido por la propia normativa interna de Codelco, en cuanto a la necesidad de asignar directamente, y señalar las razones concretas que hicieron preferible su elección, como tampoco la razonabilidad del precio», y sobre el convenio de 2015 advierte: «En una contratación anterior había tenido un atraso de cinco meses en el cumplimiento de uno de los primeros hitos».
Más adelante se le preguntó en específico por el contrato con Sistema Consultores, vinculada con Insunza, sobre la que afirma, entre otras cosas, que si bien el servicio sería un análisis sistemático de variables políticas, que puede ser relevante para Codelco, «de la lectura de los informes aparece que se trata de información general, obtenido de los medios de comunicación generales y de la cual no se aprecia información relacionada con el servicio contratado».