(El Mercurio) Andes Iron, dueños del proyecto minero-portuario Dominga, deberá redefinir su estructura luego del «portazo» que recibió la iniciativa por parte del Comité de Ministros el lunes pasado.
El presidente ejecutivo de la compañía, Iván Garrido, reconoció que la decisión de los secretarios de Estado -que retrasa en, al menos, un año la inversión- provocará un ajuste a nivel interno, pero también adelantó que afectará los acuerdos con la comunidad, que establecían aportes económicos desde el primer día.
«Como criterio de realidad, vamos a tener que hacer una reducción, pero esa reducción va a ser racional respecto a la funcionalidad. Ya salimos de la posibilidad de que entráramos a trabajar fuertemente en noviembre», sostuvo.
Añadió que «nosotros no vamos a cerrar e irnos. Vamos a seguir, pero con un criterio de realidad, que tiene que ver con que estamos rechazados y el acuerdo marco no puede avanzar. Lo que teníamos estipulado en este último, en el caso de que tuviéramos una Resolución de Calificación Ambiental positiva y empezábamos a invertir en noviembre, era que comenzaban los proyectos con dicho convenio».
El acuerdo marco contemplaba la creación de un fondo para proyectos con la comunidad, bajo una fórmula que considera todos los años de la operación del yacimiento. Según el documento, se estableció un monto anual expresado en UF, calculado a partir del precio internacional del hierro, con un valor mínimo y máximo.
El piso a entregar en el transcurso del funcionamiento de la iniciativa minera, considerando los valores a 2016, sería de $1.341 millones, mientras que el techo alcanzaría a $2.683 millones.
Los primeros proyectos financiados en el marco del señalado convenio con la comunidad corresponderían a gestión hídrica integrada, capacitación y apoyo a sectores productivos.
Inquietud de inversionistas
Andes Iron, ligado a las familias Délano y Garcés, ha realizado un desembolso relevante de recursos para llevar adelante el proyecto, sin todavía obtener resultados.
Por este motivo, Garrido reconoce que, entre los socios, existe una «legítima inquietud que aumenta (…) Son US$ 300 millones (los gastados). Es mucha plata por parte de inversionistas locales, son chilenos. No es una empresa que tiene flujo y se puede arreglar un poco», añadió.
A su vez, manifestó que el retraso experimentado tiene implicancias en el negocio, ya que es relevante en el ámbito minero el momento en que inicia su producción. «Ya hay señales clarísimas de que el ciclo viene de vuelta. Y eso significa que si me atraso un año, dos años, tal vez entro en la contra, no se cuál va a ser la amplitud de la ola. Y eso me pone en riesgo», sostuvo. Comentó que la compañía estuvo dispuesta a mejorar el proyecto y a adecuarlo a las condiciones que estipulara el Comité de Ministros, pero que aquello no ocurrió.