Puerto Cruz Grande: las claves del precedente al que se aferra Dominga

Ago 24, 2017

La inversión fue autorizada por el Comité de Ministros, pese a que los cuestionamientos eran similares.

(Diario Financiero) Menos de 10 kilómetros de distancia separan al proyecto del Puerto Cruz Grande que impulsa CAP, del que planea hacer Dominga de Andes Iron en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, a pocos kilómetros ambos de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

En la misma zona y con cuestionamientos similares durante su proceso de tramitación ambiental, las iniciativas han corrido distinta suerte: mientras Andes Iron ha perdido las dos votaciones a las que se ha enfrentado, el de CAP ha tenido éxito tanto en la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) regional, el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental de Santiago.

Ahora, de todos modos, está iniciando el camino en la última prueba: la Tercera Sala de la Corte Suprema, hasta donde llegó luego que Oceana interpusiera un recurso de casación que tiene como objetivo invalidar la sentencia que respaldó que se aprobara el proyecto con condiciones adicionales.

Cuestionamientos y similitudes

El de CAP es una inversión de unos US$ 250 millones para embarcar graneles del proyecto El Tofo y otros desarrollos que se puedan dar en la zona, donde tiene una capacidad para mover 13,5 millones de toneladas al año, similar a lo que produciría Dominga en hierro.

Una revisión de las 43 páginas de la resolución del Comité de Ministros que validó la iniciativa, muestra similitudes en los cuestionamientos con Dominga.

Uno de los puntos más relevantes los otorga Conaf, que se opuso hasta el final en ambas iniciativas.

En el caso de Cruz Grande, la corporación señala que “los efectos, características y circunstancias del proyecto, especialmente la operación del puerto y uso de las rutas de navegación, podrían provocar impactos significativos con grados de irreversibilidad alta”.

Otro de los cuestionamientos que pesó en este caso fue la cantidad de antecedentes que presentaron para configurar una línea base del medio marino, ante lo que el organismo señaló que en la evaluación ambiental se aportaron antecedentes que permitían una adecuada caracterización de la fauna marina, donde se podían extraer posibles impactos.

“Aunque el titular no haya incorporado esa información como parte del área de influencia, efectivamente estos antecedentes dan cuenta de los impactos ambientales potenciales sobre la componente fauna marina a causa del proyecto”.

El Comité de Ministros, aludiendo a la opinión discordante de Conaf, reafirmó que la información que fue acompañada era adecuada para determinar impactos y definir medidas de mitigación.

Con todo esto, el organismo dirigido entonces por Pablo Badenier especificó una serie de medidas adicionales a las que se habían fijado el CEA regional

En el caso de Dominga, los cuestionamientos vinieron de más servicios y, en el caso de Conaf, el informe presentado ante el Comité fue mucho más extenso.

Expedito paso por Tribunal Ambiental

Tras ser ratificado, el 17 de marzo ingresó al Tribunal Ambiental de Santiago la reclamación contra Cruz Grande.

Su paso por la sede se podría catalogar de expedito, ya que la sentencia salió el 31 de mayo.

Los motivos del tribunal fueron que hubo una debida consideración de los impactos sobre el medio marino, al recalificar tanto el impacto como los compromisos voluntarios, agregando otras medidas al efecto.

Factor político en proyectos: «Las empresas tienen que convivir con eso»

¿Por qué fracasan los megaproyectos? Gustavo Nieponice, senior partner y managing director de Boston Consulting Group (BCG), cree que las inversiones son cada vez más complejas y difíciles de ejecutar, no solo por temas ambientales, sino también por temas propios de las industrias. Una buena etapa de planificación, dice, es la clave para detectar a tiempos estos problemas.

-Los problemas generalmente son por ubicación, ¿tiene solución?

-Los asentamientos mineros están donde están. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer con las comunidades locales, con autoridades locales y nacionales, para preparar el terreno y favorecer la aprobación. Hay una tendencia global donde cada vez es más difícil obtener autorizaciones y permisos.

-En Dominga, dicen que hicieron todos estos esfuerzos, pero hay factores que no están a la mano, al parecer…

-No conozco en detalle lo que hizo el proyecto, pero hay que ser proactivos en abordar a las comunidades y autoridades locales, muy transparentes con la información, en el sentido de compartir lo que vas a ganar, lo que va a ganar la comunidad, los impuestos y generar participación.

-¿El factor político está jugando un rol en los proyectos?

-En Chile y en todos los países del mundo. Los políticos están influenciados por la opinión pública y por el sentimiento de los medios y las redes sociales y eso pesa en las decisiones. No deja de ser una realidad que las empresas tienen que aceptar como tal y convivir con eso.

-¿Qué se puede hacer para contrarrestar?

-Hay que tener una buena lectura de la realidad, y anticipar donde están los temas más sensibles y dedicar recursos para influir en esos temas.

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