(El Mercurio) A casi 24 horas del rechazo al proyecto minero-portuario Dominga por parte del Comité de Ministros, la comuna de La Higuera amaneció con su principal acceso cortado y con una vía colmada de piedras.
Fue el descontento que manifestaron los pobladores, quienes veían en la iniciativa de US$ 2.500 millones la solución a la falta de trabajo. Este es un territorio que carece de luz y agua, y los habitantes deben costear el retiro de las aguas grises desde los pozos alojados en sus casas.
Dominga prometía contratar a 10 mil personas en su fase de construcción y la creación de 4.000 empleos en operación, entre puestos directos (1.500) e indirectos (2.500). «Nuestra frustración es porque pasan iniciativas millonarias que podrían generar más empleo. Nuestros hijos deben emigrar a La Serena y al norte para trabajar», afirma Pabla Guerra, dueña hace 40 años de una botillería.
Aparte del proyecto de Andes Iron se suman tres centrales termoeléctricas que desistieron invertir en la comuna, y la concreción pendiente de una minera. Todas suman US$ 2.820 millones y generarían mil empleos permanentes.
Para el alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, la presencia de la reserva pingüino de Humboldt es la «justificación perfecta para oponerse a los proyectos». Consultado sobre si dichas iniciativas traerían problemas de contaminación, el jefe comunal dice que «nunca lo sabremos, porque no se construyeron».
Solo en el papel
En 2009, Codelco decidió paralizar la construcción de la central termoeléctrica Farellones. Con ello, US$ 1.100 millones quedaron congelados y también la necesidad de satisfacer las necesidades energéticas de las divisiones El Teniente, Andina, Ventanas y Salvador.
Dos años después, el grupo CAP desestimó el proyecto termoeléctrico Cruz Grande, por US$ 460 millones. La firma implementaría una generadora para 300 MW a 30 km de Punta Choros.
Y quizás el más controvertido caso corresponde a la entonces francesa GDF Suez (hoy Engie), que en 2010 debió sacar de su portafolio la construcción de la central Barrancones, por US$ 1.200 millones, luego que el ex Presidente Sebastián Piñera solicitara a la empresa «reubicar» su planta.
Finalmente, el proyecto minero Puquios, avaluado en US$ 60 millones, está pendiente de materializarse, pese a contar con aprobación para construir.
Todas estas iniciativas, incluyendo Dominga, generarían sobre 2.500 empleos estables en dicha zona de la IV Región.
Para el parlamentario por la zona y presidente de la DC, Matías Walker, no están claros los incentivos para invertir y hay espacio para la «discrecionalidad».
«Hay una contaminación derivada de criterios políticos. El caso más emblemático se resolvió con un telefonazo de un presidente», concluye Walker, en alusión a Barrancones.