Abogados discrepan: unos dicen que Codelco debe acatar y otros que Contraloría parece invasivo en su control

Ago 3, 2017

Académicos de Derecho Administrativo de la UC y de la U. de Chile analizan la acción legal de la minera pública en contra de auditoría del organismo contralor.

(El Mercurio) Abogados expertos en Derecho Administrativo tienen una distinta mirada sobre los alcances de la demanda que interpuso Codelco en contra del informe de auditoría de la Contraloría.

Se trata de una acción inusitada que plantea varios problemas jurídicos, dice el abogado administrativista y profesor de la Universidad Católica, Alejandro Vergara Blanco. «Pareciera haber en el fondo una lucha titánica de una empresa fiscal que desea actuar como si fuese una empresa privada», señala.

Cita el artículo 38 de la Constitución, que exige «lesión» de derechos para demandar a la Administración e indica que no parece constituir una lesión el hecho de que la Contraloría realice auditorías a las empresas fiscales, ni que queden habilitados los órganos administrativos como Codelco, a demandar al órgano fiscalizador. Simplemente debe acatar, plantea Vergara.

Advierte que sería un desajuste completo que esta misma actitud la asumiesen los demás órganos de la Administración. Por especial que sea el estatuto de Codelco, es de nacimiento, parte de la Administración, agrega.

«Mientras Codelco sea fiscal, es parte de la administración, y sujeto de fiscalización por la Contraloría. Solo si una ley ex novo, de modo directo y expreso eximiera a Codelco de control, esa firma podría accionar como privado», observa.

Su opinión es que Codelco pareciera estar pidiendo una privatización jurídica de las reglas aplicables, pero no económica, ya que mientras no se privatice es fiscal y alguien debe cuidar y fiscalizar los dineros e intereses del fisco. «Y qué mejor que esa fiscalización la realice la Contraloría, que en nuestro país es el paradigma de Autoridad Administrativa técnica e independiente», puntualiza Vergara.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, José Miguel Valdivia Olivares, hace ver que si bien no recuerda un juicio anterior de Nulidad de Derecho Público, hay una pequeña historia de juicios entre la Contraloría y empresas estatales. Menciona el caso de la filial Puerto Madero, de la empresa periodística La Nación, cuyo recurso de protección contra un dictamen de la CGR fue fallado a favor de la empresa.

También hace referencia a una contienda de competencia a propósito de las pensiones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que fue zanjada por el Tribunal Constitucional. Su lectura es que el pronunciamiento del tribunal de alguna manera marcó que el camino era el juicio.

En su opinión, este es un camino que parece apropiado «sobre todo tratándose de un comportamiento como el de la Contraloría, que hoy parece invasivo respecto del control que esté ejerciendo en las finanzas de la empresa». Más allá del tema de las indemnizaciones, Valdivia sostiene que el informe de auditoría es un poco agresivo con la empresa minera al plantear prácticamente que se aplique a raja tabla la Ley de Compras Públicas, como un ministerio.

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