(La Segunda) Una vez que el contralor Jorge Bermúdez llegó de sus vacaciones la semana pasada, Codelco y su abogado Nicolai Bakovic se jugaron sus últimas cartas para llegar a un «acuerdo amistoso» en el conflicto que enfrenta a ambos, el cual se gatilló luego de que Bermúdez cuestionara una serie de contratos entre partes relacionadas informados por la cuprífera en sus estados financieros.
La empresa liderada por Oscar Landerretche, incluso estaba dispuesta a informar en línea sus compras para que fueran escaneadas, pero sin renunciar a su estatus de sociedad anónima. En tanto, Bermúdez y su jefe jurídico, Camilo Mirosevic, mantuvieron su posición de que Codelco debe regirse por el sistema de compras públicas pues opera con recursos fiscales. Tras la negativa, las relaciones llegaron a un punto de no retorno.
Minera carga su arma
Sin solución aparente, y con el apoyo previo del directorio, Landerretche y sus abogados— entre ellos Luis Cordero y Pedro Pablo Gutiérrez— acudieron al 25º Juzgado Civil de Santiago para presentar una demanda de nulidad de derecho público en contra del informe de auditoría del ente
contralor del 10 de mayo de 2017. Según los cálculos de los representantes de Codelco, esta sería una batalla de largo aliento que incluso podría llegar a los tres años de duración.
Según explica el abogado de la estatal Pedro Pablo Gutiérrez, en el texto de 85 páginas se plantea que «Codelco tiene un estatuto jurídico que se asimila a las empresas privadas, que se rige por las reglas de las sociedades anónimas abiertas, con un gobierno corporativo y sus operaciones van por ese estatuto y no por la ley de compras públicas».
El abogado, que ha representado a la minera en juicios emblemáticos como su diferendo con Anglo American, explica que en el actuar de la minera están presentes todos los estándares de «probidad, eficacia y eficiencia» a los que se refiere Bermúdez, pero añade que si se rigiera por el sistema que él estima conveniente, «convertiría a Codelco en una empresa con mayor burocracia en la compra de bienes y servicios atentando contra sus competidores. Incluso si se rigiera por esta norma, saldría más caro».
En la demanda a que tuvo acceso La Segunda, Codelco reclama que bajo el dictamen de Bermúdez «quedan sumidos en un verdadero limbo jurídico, desde que operaciones perfectamente válidas al amparo de su estatuto legal aplicable, podrían ser consideradas como nulas a la luz de las conclusiones de la Contraloría».
Consultado el ente contralor, no fue posible obtener su opinión sobre el tema.