Mucha agua ha corrido sobre las discrepancias que mantienen Codelco y la Contraloría General de la República, producto de los dictámenes emitidos por este último organismo. Pero ¿cuáles son los principales puntos en conflicto y las posiciones de cada una de las partes?
Este lunes Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la minera estatal, presentó una aclaratoria síntesis de ambas posturas, durante una presentación realizada en el IIMCh.
Materia: Estatuto Legal
Posición CGR: La Ley de Sociedades Anónimas (LSA) se aplica como excepción.
Normas de derecho público relativas a probidad priman sobre estatuto de Codelco, aunque no sea nombrada.
Posición de Codelco: Codelco se rige por su ley y estatutos, y por la LSA y su legislación común.
No le aplican normas dictadas para otras empresas públicas.
Negociación colectiva
CGR: Las estipulaciones convencionales que Codelco pacte en materia laboral estarían sujetas a la revisión posterior de CGR en cuanto a su eficiencia y eficacia.
Codelco: La ley radica la potestad de disposición patrimonial en el directorio.
Trabajadores de Codelco tienen derecho a negociación colectiva.
Mecanismos de contratación
CGR: Codelco no puede utilizar licitación privada como mecanismo habitual de contratación.
Codelco: Las facultades de administración del directorio le facultan para definir sus mecanismos de contratación.
La licitación privada es un mecanismo de justificada y normal aplicación en la minería.
Negociación con partes relacionadas
CGR: Aplica Ley de Compras Públicas (LCP)
Prohibición de celebrar contratos con partes relacionadas, salvo excepción fundada informada a CGR y Cámara de Diputados.
Codelco: El art. 4 de la LCP no es aplicable a Codelco.
Los negocios con partes relacionadas se rigen por las normas de la LSA y están sujetos a todos los controles aplicables.
Control de mérito
CGR: Revisión por CGR de la suficiencia técnica y económica de las decisiones contractuales.
Revisión de la conveniencia y razonabilidad de los precios contratados.
Codelco: La conveniencia económica y técnica de las decisiones de la empresa es controlada por el directorio y el dueño.
La fiscalización por CGR alcanza el control de la legalidad y excluye el control de mérito.