(El Mercurio) En un hecho esencial emitido a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Codelco informó ayer que convocó a una junta extraordinaria de accionistas con el objetivo de tratar la controversia con la Contraloría General de la República sobre el marco normativo aplicable a la cuprera.
La controversia se generó luego de que el ente contralor cuestionara mediante una auditoría los contratos de Codelco con empresas relacionadas a familiares de altos ejecutivos de la estatal.
La junta extraordinaria se realizará el 19 de junio, a las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la comuna de Santiago. Tiene como asistentes confirmados a la ministra de Minería, Aurora Williams, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ambos van en carácter de delegados de la Presidenta de la República.
El 5 de junio, el directorio de la cuprera decidió convocar a los accionistas, para definir y aprobar los recursos que la estatal interpondrá. Durante esa reunión, los directores evaluaron distintos caminos a seguir por la vía legal, y las consecuencias de las estrategias jurídicas.
Sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez sostuvo que un plan de apoyo al cumplimiento podría ser la solución al conflicto que sostienen con la cuprera. Esto, según la entidad contralora, debido a los buenos resultados obtenidos con distintas entidades públicas.
Esta vía administrativa no fue vista con buenos ojos por la cuprera y el ex presidente del directorio Gerardo Jofré, ya que el conflicto principal que ellos mantienen es sobre la ley por la que deben regirse. Según ellos, las empresas que se rigen bajo la Ley de Sociedades Anónimas, que controla a empresas privadas y a la estatal, son fiscalizadas por Cochilco.
Jofré enfatizó en una entrevista con «El Mercurio» que «la Contraloría General de la República se debería reservar para situaciones excepcionales».
No obstante, los equipos jurídicos de ambas partes se han reunido para negociar una salida administrativa.
Solicitud de la SVS
Por otro lado, la SVS -mediante dos oficios públicos ordinarios, emitidos los días 12 y 13 de junio- le pidió a la cuprera información sobre el impacto financiero del actual conflicto.
Además, pidió esclarecer dichos de la estatal, en este diario, sobre inversiones frenadas por esta pugna avaluadas en US$ 100 millones, entre marzo y abril de este año.