Contratos de Codelco: piden a fiscalía que interrogue a ejecutivos

Jun 5, 2017

Diputados de Chile Vamos arremeterán con diligencias. Fiscal Guerra dice que “se hará todo para aclarar eventuales delitos”. Ex subsecretario de Minería: “No es un misterio que Codelco es caja pagadora de favores políticos”.

(La Tercera) A todos los servicios y empresas públicas, como Codelco, los rige la Ley sobre Probidad Administrativa. Esta normativa busca que los contratos de servicios en que están en juego dineros del Estado sean hechos mediante propuesta pública para así garantizar procesos transparentes y procurar la mejor oferta para la inversión de platas públicas.

La inédita auditoría que realizó la Contraloría a la cuprera, junto con revelar 13 millonarios contratos de bienes y servicios que Codelco hizo con empresas vinculadas a sus propios ejecutivos por US$ 504.948.765 (ver tabla), también denuncia que durante el período analizado la mayoría de estas adquisiciones fueron por licitación privada (45,40%) y asignación directa (19,35%) contraviniendo la Ley de Probidad Administrativa.

Es más, sostiene que en el caso que motivó abrir una investigación penal en la Fiscalía Oriente por los millonarios contratos con empresas vinculadas a sus ejecutivos, “el 92,47% se realizó por asignación o trato directo”. Es ahí dónde la Fiscalía de Alta Complejidad, dirigida por Carlos Gajardo, centrará sus próximas diligencias.

Consultado por el avance del caso, el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, aseguró que “se harán todas las diligencias e interrogatorios tendientes a aclarar los eventuales delitos de negociación incompatible y/o fraude al Fisco que acá pueda haber”.

En ese sentido, quienes solicitaron la auditoría a la Contraloría, los diputados de Chile Vamos Felipe Ward (UDI), Paulina Núñez (RN) e Issa Kort (UDI) sostuvieron que una vez se querellen, pedirán al Ministerio Público que cite a todos aquellos ejecutivos que aparecen mencionados en la auditoría. “La Contraloría revisó papeles, no se ha metido en el fondo de los contratos ni en el destino de esos dineros”, dijo ayer Ward, quien apuntó sus sospechas al destino que tendrían esos recursos. “Una arista a investigar y que no se debe descartar es que esta plata haya ido a parar a campañas políticas”, dijo.

Misma visión tiene el ex subsecretario de Minería Francisco Orrego, quien conoció de cerca la realidad de la poca fiscalización de los dineros de Codelco. “Ahora que los fiscales pueden investigar todo lo que hay tras estas irregularidades no se puede descartar que haya financiamiento irregular de la política, no es un misterio que históricamente Codelco ha sido la caja pagadora de favores políticos y en eso Cochilco tiene mucho que decir, pues su rol era fiscalizar a esa empresa estatal y por lo visto no lo ha hecho, tuvo que venir la Contraloría a hacer la pega y de lo poco que revisó, ya encontró situaciones escandalosas y puede que haya más”, dijo.

Sobre eventuales nuevas aristas, el fiscal Guerra fue enfático: “La fiscalía va a investigar todo, tanto lo que denunció Contraloría como otros hechos que puedan surgir, no estamos limitados en ese sentido”.

Pagos de proveedores

La Contraloría detectó además la situación de 12 trabajadores de Codelco que “han recibido de forma simultánea honorarios y/o sueldos de empresas contratistas”. Un ejemplo de ello es el gerente de gestión y fiscalización de empresas contratistas R.H.D., quien aparece recibiendo en 2015 y 2016 dineros de la Empresa Portuaria San Antonio, proveedora de la cuprera.

La auditoría firmada por el contralor Jorge Bermúdez reconoce como un avance el que Codelco regulara la situación de ex trabajadores que pasan a prestar servicios a entidades proveedoras de la estatal “con el objeto de evitar que las vinculaciones que dejaron dentro de la compañía desmejoren la situación de otros oferentes”. Pero la auditoría concluye que, paradójicamente, “la citada regulación no alcanzó” a sus actuales trabajadores. “Presentan una doble condición quienes por un lado se desempeñan en Codelco, y por otro prestan servicios en empresas proveedoras, situación que importa un riesgo de conflictos de intereses y/o uso de información privilegiada”, se denuncia.

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