(El Mercurio de Antofagasta) Convencido que Chile debe retomar los esfuerzos e incentivos para volver a atraer la inversión extranjera al sector minero se mostró el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández.
Casi un 50% cayó la inversión extranjera directa hacia Chile entre 2014 y 2016, alcanzando los US$12.225 millones el año pasado, la cifra más baja de los últimos diez años.
El descenso de los últimos dos años se ha dado a la par con la derogación del Decreto Ley 600, mecanismo de ingreso de capitales desde el exterior que se eliminó en la reforma tributaria 2014 y que permitía a los privados acceder a beneficios como la invariabilidad tributaria.
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Y pese a que esta semana la ministra Williams defendió el nuevo mecanismo «progresista» para atraer la inversión al país, el gremio iniciará en los próximos meses una ofensiva para convencer a los candidatos presidenciales que es necesario «retomar los esfuerzos».
¿Cómo avalúa el escenario actual de la industria chilena?
-En 2016 la producción minera fue más baja que en 2015 y el precio promedio del cobre promedió US$ 2,20 la libra. La expectativa era que este año la producción alcanzara el mismo nivel que 2015 acompañada de una mejor cotización lo que hasta ahora se ha dado. Pero con la huelga en Escondida la producción no va a aumentar, incluso podría ser un 1% más baja que en 2016.
En definitiva, creo que vamos a tener un buen primer semestre, pero para el segundo hay algunas dudas asociadas a China y el desempeño de las economías desarrolladas, por lo que eventualmente el precio podría bajar un poco desde los US$2,6 que está promediando, y quizás se estabilice entre los US$2,4 y US$2,5.
El Banco Mundial proyectó que el cobre sólo alcanzaría los US$3 la libra hacia 2030…
-No creo, esa es una proyección demasiado pesimista. Durante los últimos años, la demanda creció en promedio 3% o 3,5% al año y de aquí hacia adelante ese ritmo de crecimiento va a ser menor -nosotros lo calculamos entre 2% y 2,5%- y si sacas la cuenta considerando las bajas de leyes, las minas que se terminan y los proyectos que pueden reemplazarlas, la demanda y oferta va a quedar bastante estrecha a partir del próximo año. No estamos hablando de un precio de US$3 la libra, pero el próximo año vamos a tener mejores precios que éste.
¿En ese escenario cuáles serían los principales desafíos de la industria?
-Tiene varios desafíos, algunos de los cuales ya abordó. Las empresas reaccionaron cuando sus márgenes operacionales cayeron mucho y se preocuparon de bajar costos, por lo que los costos promedio de la industria bajaron el año pasado respecto de 2015. Lo que hay que hacer ahora -y esto demora más en entregar resultados- es incorporar innovación tecnológica y en otros aspectos como la manera de manejar las mantenciones y temas de planificación que permiten sacarle mejor partido a los recursos. En esa línea, Exponor es una muy buena oportunidad para encontrar alternativas innovadoras.
¿Hay aspectos asociados a la regulación que el gremio espera mejorar?
-Ese también es tema y lamentablemente no ha habido avances. Necesitamos una regulación más competitiva en ámbitos como los reglamentos de seguridad y permisos ambientales, entre otros. La regulación en Chile se fue acumulando por capítulos y ahora hay que mirar toda esta reglamentación de una forma más global de manera que no se duplique y sea más competitiva.
Y la otra tarea pendiente es que Chile dejó de hacer esfuerzos para atraer la inversión minera y eso hay que corregirlo. Hoy hay pocos proyectos en ejecución, pero cuando el precio y la situación de las empresas mejore, éstas van a comenzar a retomar sus iniciativas de inversión y lo van a hacer donde tengan proyectos atractivos -en Chile hay-, pero también donde el riesgo país y la regulación favorezca la inversión.
Cierres
Pero la preocupación de la Sonami no sólo está en la gran minería, sino también en los productores de pequeña y mediana escala. Los primeros, se mantienen «protegidos» en el precio de sustentación, pero los segundos -según el gremio- está pasando un momento muy complejo.
¿Cómo describiría la situación de los productores de menor escala?
-Para los pequeños mineros el gobierno mantuvo el precio de sustentación -lo que nos parece una muy buena decisión- y ahora hay un proyecto para hacer de este mecanismo una ley con un fondo específico para eso el cual esperamos quede aprobado durante esta legislatura. Aún así, hay muchos menos productores que antes y es necesario hacer un esfuerzo de fomento.
¿Y en lo que respecta a la mediana minería?
-Yo diría que ese es el sector más golpeado, porque la mediana minería tiene las mismas exigencias de la gran minería, pero no tiene las misma espalda financiera. Hay que preocuparse de un estatuto especial para la mediana minería, hacer fomento y pedir -a través de la regulación- las cosas que efectivamente les puedes exigir a empresas de esa dimensión y de esa huella medioambiental.
¿La ley de cierre de faenas es un ejemplo de esas exigencias?
-Todos reconocemos que es importante que haya planes de cierre y que estén financiados. Pero esta ley tiene varias falencias, en específico las exigencias que hace a la mediana minería son desproporcionadas. Ellos deben constituir las garantías en un plazo muy corto de tres o cuatro años y eso es muy oneroso para las empresas que en una situación como la que viven hoy copan sus líneas de crédito y se quedan sin recursos para operar.
¿Qué efectos puede tener esta situación?
-Hay empresas que no van a conseguir la garantía, el banco no se las va a dar. En el límite, habrá empresas mineras que tendrán que quebrar porque no pueden garantizar el plan de cierre, y son empresas viables, que pueden seguir operando, pero esto las está asfixiando.
En lo que respecta a la reforma laboral, ¿creen que pueda producirse una judicialización de los procesos de negociación?
-El mayor defecto de la reforma laboral es que dejó muchos cabos sueltos y cada vez que haya diferencias de interpretación entre el sindicato y la empresa esto se puede judicializar y finalmente el que terminará legislando será el Poder Judicial, lo que es malo, porque no es lo que le corresponde.
¿Podría impactar en los tiempos de resolución de los conflictos? ¿Afectará la inversión?
-Cuando estás en una negociación colectiva los tiempos de respuesta deben ser rápidos y naturalmente no es posible pedir al Poder Judicial que falle en 24 horas. Eso va a ser una complicación. Obviamente que un escenario como éste no contribuye a mejorar los riesgos, deja puntos de interrogación.