(Mercurio de Calama) La planta desaladora de agua de mar, que originalmente formaba parte del proyecto RT Sulfuros de Codelco, tiene ahora un carácter distrital, pues abastecerá a todas las divisiones estatales de la zona. La iniciativa, que considera una inversión inicial de US$1.200 millones, concretará su construcción con la participación de un socio extranjero, según lo han informado las máximos ejecutivos de la minera.
Joint venture que es cuestionado por dirigentes de la cuprífera, que consideran que un elemento tan estratégico y crítico para la minería, como es el agua, debe estar en manos de Codelco, que así no se expondría al encarecimiento en las tarifas de ese recurso.
Antecedente negativo
El dirigente del sindicato N°3 de Chuquicamata, Miguel López, dijo que la dirigencia pide que la desaladora sea de propiedad del Estado y no privada, «porque nos pasará exactamente lo mismo que nos pasó con la energía. Recordemos que la termoeléctrica de Tocopilla era nuestra y luego pasó a ser solo un porcentaje. Fue así que el horno eléctrico de la Fundición de Concentrados, que era el que lavaba gran parte de las escorias producidas, no se pudo operar más, porque el costo de la energía se volvió demasiado alto», analizó.
López, quien además es consejero nacional de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), advirtió que «el agua es un elemento escaso y necesario para nuestras operaciones y nos expondríamos, en manos de un privado, a una situación de carácter monopólica. Entonces, podemos hacer un acuerdo, firmar un contrato sobre un precio establecido por el agua, pero luego cambian los dueños, el gobierno, cambia todo, y empieza a encarecerse un producto que es vital y estratégico para nuestras operaciones».
En este contexto, el directivo aseguró que «al estar en manos del Estado (el agua), tenemos garantías que ese bien va a ser manejado de la mejor manera y no vamos a lucrar, porque una empresa privada necesariamente lucrará y hoy tenemos muchos ejemplos de cómo el agua se transforma en un tremendo negocio (…) Por eso pedimos que esa desaladora se haga con recursos propios, del Estado, y tenemos muchas maneras de financiarla, pero aquí lo único que se explora es hacerlo con empresas privadas y nos parece peligroso. Esto nos tiene muy preocupados porque finalmente Codelco se está privatizando, pero por otra vía, de manera solapada y no podemos vivir y desarrollarnos con un corazón prestado».
Estratégico y crítico
En la misma línea, la presidenta del sindicato N°2, Liliana Ugarte, dijo que «exigimos que la planta desaladora sea construida con dineros propios y como parte de esta determinación, que comparte la dirigencia sindical, rechazamos la inversión de terceros en un recurso estratégico y crítico como el agua».
La desaladora requiere una inversión inicial de US$1.200 millones, y una segunda de US$ 300 millones, para alcanzar una capacidad de 1.600 litros por segundo (l/s).