(La Tercera) Un informe con 149 páginas es el resultado de una auditoría de la Contraloría a Codelco, remitido el 10 de mayo, y que corresponde al período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.
El objetivo fue revisar si los contratos administrativos de bienes y prestación de servicios suscritos por la cuprera estatal cumplen con las normas legales, disposiciones internas de la empresa y reglamentos vigentes.
Según el texto -al que accedió La Tercera-, en el período analizado la empresa efectuó la mayoría de sus adquisiciones de bienes y servicios mediante licitación privada (45,4%) y asignación directa (19,35%). A su vez, del total de contrataciones efectuadas con empresas relacionadas, el 92,47% se realizó por asignación directa o trato directo.
“La situación señalada no se aviene con lo dispuesto en el Artículo 9° de la Ley N° 18.575, en cuanto a que los contratos administrativos se celebrarán, por regla general, previa propuesta pública, por lo cual la corporación deberá tender a que sus negocios sean realizados bajo dicha modalidad”, afirma el informe.
La auditoría establece que Codelco no se apegó a la ley en la contratación de servicios con diferentes firmas. Una de ellas es la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, que involucra más de $ 31 mil millones.
El organismo remitió los datos al Ministerio Público. El jueves, la fiscalía recibió la información, destinando el caso al fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien abrió una causa penal para indagar posibles delitos de negociación incompatible o fraude al Fisco.
“La corporación realizó una contratación con la firma Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, por un monto de $ 31.751.146.264, empresa proveedora cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco, sin informar de dicha operación a este organismo de control ni a la Cámara de Diputados, según lo dispone el inciso sexto del Artículo 4° de la referida Ley N° 19.886”, dice el texto de Contraloría. Esto hace alusión a dos contratos que firmó la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco con esa empresa, que corresponden al “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”, que busca transformar al yacimiento en una operación subterránea.
El primero de ellos atañe al contrato de “Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa I”, que se adjudicó el 19 de febrero de 2014 por un valor inicial de $ 7.667 millones. El segundo concierne a “Ingeniería de Detalle Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, Etapa II”, suscrito el 14 de diciembre de 2015, con un costo inicial de $ 24 mil millones.
El informe precisa que al momento de la celebración de los contratos “existía una relación de parentesco por afinidad en segundo grado entre el señor Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos, y el señor Fernando Vivanco Giesen, representante legal de esa empresa, toda vez que el primero era yerno de este último”.
Previo a las dos contrataciones, Codelco celebró el 4 de marzo de 2010, con la misma firma, un contrato para el estudio de factibilidad del “Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea”. En ese momento, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de Proyectos en la estatal era, precisamente, Fernando Vivanco, quien presentó su renuncia a la cuprera a contar del 1 de octubre de 2010, y es el actual representante legal de Hatch.
A los meses de firmar ese contrato, Codelco propuso a la firma unas modificaciones para que pudiera cumplir con el trabajo en los plazos fijados, ya que había un retraso de cinco meses. Esto significó un aumento en los gastos. Pese a los problemas que hubo en el cumplimiento de ese contrato, después Codelco suscribió los dos contratos por asignación directa ya mencionados. La estatal argumentó que Hatch cuenta con la experiencia necesaria, equipo técnico especializado y la necesidad de darle continuidad a la etapa de factibilidad del proyecto.
Los descargos
En el informe, Codelco argumenta que “el señor Casas Cánepa es un ex trabajador de la Vicepresidencia de Proyectos, el cual se desempeñó en Codelco desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2011, y entre el 15 de noviembre de 2011 y el 1 de julio de 2016”. La cuprera destaca que no tuvo relación alguna con los contratos contraídos con Hatch. Además, sostienen que al tratarse de una empresa estatal, Codelco “se somete a un régimen especial que tiene legitimación constitucional directa”, por lo que -dicen- no estarían contraviniendo la ley.
El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, dijo a La Tercera que “es una vieja discusión que existe entre Codelco y la Contraloría, que tiene que ver con qué ley aplica para este tipo de contratos”. A su juicio, “Codelco sí siguió los procedimientos que corresponden a la ley que lo rige, que es la Ley de Sociedades Anónimas”.