(El Mercurio) En 2017, la caída que registran los proyectos de inversión aprobados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se sigue profundizando. Así lo muestra el informe número cuatro del Observatorio de la Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
El paso de las iniciativas por dicho sistema es necesario para obtener los permisos exigidos a la hora de construir y ejecutar un proyecto. Durante el primer trimestre de 2017, 150 proyectos concluyeron su tramitación en el SEIA. Esto significa que fueron calificados como aprobados o rechazados, o no fueron calificados porque el titular desistió de su evaluación, o fue terminada anticipadamente por la autoridad ambiental. El número de proyectos que concluyeron su tramitación fue un 15% menor que el del mismo trimestre del año anterior, lo que corresponde a uno de los puntos más bajos en la serie de iniciativas tramitadas. Sin embargo, estas iniciativas implican US$ 14.874 millones de inversión, un 29% mayor que en el primer trimestre de 2016 y 76% más alto con respecto al promedio 2007-2015.
Según da cuenta el informe de la CPC, esta mayor inversión tramitada en el primer trimestre de 2017 no fue causada por una mayor aprobación de proyectos, sino, por el contrario, por un aumento de los proyectos desistidos y con término anticipado, y en un gran porcentaje de los proyectos rechazados. Esta última categoría se multiplicó por 67 en comparación con el primer trimestre de 2016 y es 33 veces su promedio histórico 2007-2015.
Esta cifra estuvo fuertemente influenciada por el rechazo de dos iniciativas de gran envergadura: el proyecto minero Dominga, de US$ 2.500 millones, y la central Trébol Solar Copiapó, de US$ 2.200 millones.
«Es preocupante que luego de años de evaluación técnica y pese al cumplimiento de todos los requisitos y la recomendación positiva de aprobación, se rechace en instancias políticas. Eso daña la institucionalidad y genera incertidumbre a la inversión futura», dice Joanna Davidovich, directora ejecutiva de la Comisión de Productividad de la CPC.
Proyectos sobre los US$100 millones
Del total de proyectos aprobados en el SEIA en el primer trimestre de este año, 10 son iniciativas de gran envergadura, cuyo monto de inversión supera los US$100 millones, y que, en total, suman US$5.961 millones de inversión. Ello representa un 83% del total aprobado, que llegó a US$7.188 millones, con una caída de 25,8% en un año.
El monto total de inversión aprobada para este subgrupo muestra una tendencia similar a la de los proyectos totales. En el primer trimestre de 2017 disminuyó un 30% con respecto al mismo trimestre del año previo, y en el último año móvil cayó un 7% con respecto al periodo anterior, pero registró un alza de 18% respecto al promedio de los años 2007-2015.
Sin embargo, el número de proyectos sobre US$100 millones aprobados muestra un comportamiento distinto a los proyectos totales: un crecimiento continuo desde 2007 y que se acentuó fuertemente en 2012-2013, para luego registrar una fuerte caída en 2014-2015 y un comportamiento plano en 2016.
Los plazos de aprobación para proyectos sobre US$100 millones muestran un fuerte aumento en el último periodo. Las iniciativas aprobadas en el primer trimestre de 2017 demoraron 21,5 meses en su evaluación, el doble que su plazo de aprobación promedio del periodo 2007-2015.
Existen dos tipos de trámite para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en el SEIA: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los proyectos que ingresan al SEIA deben presentar una DIA; pero si generan riesgo para la salud de la población o efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, deben tener un EIA.
En este subgrupo de grandes proyectos, los plazos para los EIA alcanzaron los 22,3 meses de evaluación en el último año móvil, 7% más alto que el mismo periodo del año anterior y un 31% mayor que el promedio de los años 2007-2017. Por su parte, las DIA muestran una tendencia al alza continua desde 2014. El año móvil que termina en el primer trimestre de 2017 registró un plazo de aprobación de 12,7 meses, lo que se traduce en un alza de 21% respecto al mismo periodo del año anterior y 59% respecto al promedio 2007-2015.
«Los plazos reales de evaluación y aprobación de proyectos son significativamente mayores que el promedio de los últimos ocho años, incluso en las DIA, que son proyectos menos complejos de evaluar y que tienen menor impacto. Esto revela la urgencia de mejorar la gestión del aparato público», dice Davidovich.