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Mina donde quedaron atrapados los 33 mineros se remataría en 2018 para pagar deudas y evitar quiebra

La sociedad dueña del yacimiento se acogió a un convenio judicial preventivo para poder pagar a sus acreedores antes de que se decretara una bancarrota, pero decidieron extender el convenio.

(Emol.cl) En agosto de 2010 la mina San José salió de su anonimato mediático al producirse un derrumbe y dejar atrapados a 33 trabajadores.

En octubre fueron rescatados, pero la sociedad dueña del yacimiento, Minera San Esteban, sigue todavía sin poder pagar sus deudas.

Tras el incidente, la firma ­ligada a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny­ se acogió a un convenio judicial preventivo, para poder pagar a sus acreedores antes de que se decretara una quiebra, indica este viernes «El Mercurio».

Hace algunas semanas, los acreedores con derecho a votar, que suman $11.826 millones, decidieron extender el convenio que vencía ayer por dos años más, es decir, hasta el 31 de marzo del 2019.

La propuesta fue aprobada por el 90,8% de los acreedores que asistieron a la junta, aunque establecieron cláusulas para promover un remate del activo en caso de que no sea factible la venta directa.

Es así que acordaron que al 30 de septiembre de 2017 la comisión de acreedores tiene que tener aprobadas las bases de licitación para ejecutar un eventual remate. No obstante, este grupo «seguirá adelante con todas las negociaciones posibles con potenciales compradores», consigna un escrito emitido por el 17° Juzgado Civil, sede en la que se tramita la causa.

Añaden que si al 30 de septiembre de 2018 «no se ha logrado una venta/opción u otro mecanismo mediante negociaciones en curso, la Comisión de Acreedores se compromete a un proceso de licitación, según las bases que tenga aprobadas».

Estas condiciones fueron consentidas, señala el acta de la junta, por el representante de Minera San Esteban que asistió al encuentro, Alejandro Bohn.

Conocedores del proceso indican que pese a estas cláusulas, el objetivo principal es cerrar un acuerdo de venta directa, ya que con esta modalidad se obtendría un mayor precio que con el remate y, por consiguiente, se cumpliría con un mayor número de acreedores.

Un informe de enero realizado por la síndico María Loreto Ried ­y contenido en la causa­ señala que el fisco, a través del Consejo de Defensa del Estado, es el principal acreedor con $3.632 millones. El segundo es la sociedad Calderaridge Financial con $3 mil millones, sociedad que estaría ligada a los propietarios, según se señaló en su momento desde Enami.

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