(El Mercurio) Enormes perjuicios para el mundo contratista tuvo la paralización de Escondida. El presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Pascual Veiga, cifró en medio millón de personas los afectados por la movilización y aseguró que esta llevó a muchas pymes del rubro a estar al borde de la quiebra.
Si bien destacó que la huelga es legal, criticó la inacción de las autoridades durante toda la paralización, pues afirmó que estas no reaccionaron ante los cortes de caminos. Esto impidió a empresas contratistas acceder a las faenas. «Estamos extremadamente preocupados por la falta de Estado de Derecho. Como proveedores exigimos que se cumpla», sostuvo.
«La gente involucrada específicamente en la huelga tuvo una posición, como se dice, de mirarse el ombligo, y no se dio cuenta del enorme perjuicio y tremendo impacto que tiene en todas las empresas que prestan servicios y en toda la comunidad en general», agregó.
Estimó que la movilización impactó a entre 120 mil y 130 mil trabajadores del mundo contratista, lo que sumado a otras empresas ligadas a Escondida, afectó a 500 mil personas, incluyendo sus núcleos familiares.
Añadió que «dentro del encadenamiento productivo de Escondida, las compañías de Aprimin son proveedoras del primer escalón, pero nosotros también tenemos terceros. Los que son pymes o pequeñas empresas han despedido gente, y algunas de ellas están en serio riesgo de quebrar«.