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CPC acusa “visión política” en rechazo a Dominga, lo que genera incertidumbre para la inversión

Calificó la decisión como “grave” y ” preocupante” para la certeza de las inversiones, pues la iniciativa cumplió todos los requisitos técnicos para su aprobación.

(El Mercurio) Luego del período de vacaciones de febrero, finalmente ayer el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) volvió a reunirse y parte central de la reunión estuvo dedicada al análisis del rechazo que recibió el proyecto minero Dominga, de la IV Región, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo la semana pasada.

El presidente del gremio empresarial, Alberto Salas, lo calificó como un hecho gravísimo y preocupante. “El proyecto, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos que se le solicita a un proyecto para poder ser evaluado, fue rechazado por una visión política. Eso genera incertidumbre, una preocupación enorme a los inversionistas para saber cómo invierten (en el país)”, dijo el timonel de la CPC.

Agregó que la decisión trascendió los requerimientos técnicos, medioambientales y de trabajo con la comunidad, y que el rechazo político fue por “una convicción del intendente de que él tenía que votar en contra”.

Sostuvo que actualmente las empresas no tienen ninguna certeza, porque aun habiendo cumplido con lo que la ley pide, su inversión puede ser rechazada luego de haber invertido decenas de millones de dólares en los estudios y la etapa anterior a una eventual construcción.

Salas pidió que el Comité de Ministros evalúe el tema con criterios técnicos y que pueda mirar los aportes del proyecto, dado que en la fase de construcción podría generar empleos a más de nueve mil trabajadores y a 1.500 de forma permanente, algo que impulsaría a la región. “Estamos en un período de muy bajo crecimiento, y hay bajo crecimiento porque no hay inversión”, enfatizó.

Sobre la huelga de la minera Escondida, que cumple 35 días hoy, Salas llamó a las partes al diálogo y que lleguen lo más pronto posible a un acuerdo.

Sin embargo, pidió que el sindicato lleve a cabo sus manifestaciones sin violencia y sin impedir el acceso de trabajadores a otros sectores de la empresa.

Violencia en La Araucanía

Otro de los temas evaluados por el comité ejecutivo fueron los últimos hechos de violencia en la Región de La Araucanía, luego de un ataque a 19 camiones, 9 acoplados y un galpón, dejando pérdidas cercanas a los US$ 3 millones.

Salas dijo que los hechos son “gravísimos” y que demuestran que la violencia en la zona se ha ido incrementando en el último tiempo. “Hay una falta de protección y de Estado de Derecho para las personas que habitan y trabajan allá. El Gobierno debe hacer respetar el Estado de Derecho y dar garantías”, sentenció.

 Empresarios y trabajadores difieren por dictamen de la DT

La Dirección del Trabajo (DT) dio a conocer el lunes su dictamen sobre grupos negociadores en el cual señaló básicamente que no podría pronunciarse sobre esta materia dado que era algo que no estaba en la ley de reforma laboral.

Mientras el presidente de la CPC, Alberto Salas, lamentó el hecho afirmando que genera más incertidumbre y judicialización y no soluciona las dudas de la reforma, la CUT celebró la postura de la DT.

“El dictamen es muy claro: se termina el debate respecto a esos grupos negociadores, de si van a poder negociar o no, porque queda señalado ahí que ellos no cuentan con un mecanismo que permita que ejerzan este derecho, por lo tanto, no hay negociación regulada”, dijo la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Agregó que el Ejecutivo “ha sido suficientemente claro” respecto a que no va a ingresar una nueva ley para darle capacidad negociadora a los grupos” y que el pronunciamiento de la DT garantiza que la negociación regulada sigue siendo solo para los sindicatos.

El proyecto aún no está en la agenda del Comité de Ministros

Sin el proyecto Dominga en su convocatoria -sus impulsores aún no han presentado el anunciado recurso de reclamación-, el Comité de Ministros del Sistema de Evaluación Ambiental ya tiene programada su próxima cita: el lunes 27 de marzo, a las 08:00 horas, en el noveno piso del Ministerio de Medio Ambiente, en San Martín 73, ocasión en la que revisará la aprobación de la planta de sulfato de cobre pentahidratado de Minera Delfín.

En el último año, esta instancia -presidida por el ministro de Medio Ambiente e integrada también por sus pares de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería- ha sesionado en ocho ocasiones, seis de ellas para decidir la suerte de proyectos mineros. Y en todas terminó dando luz verde a esas iniciativas, desestimando diversos recursos de reclamación, en su mayoría de comunidades locales. En algunos casos fijó nuevas condiciones a los privados, y en otros acogió peticiones de estos para modificar los términos de las resoluciones de calificación ambiental adoptadas en sus regiones de origen.

La lista incluye cinco proyectos en la Región de Atacama (Cerro Blanco, Diego de Almagro, Candelaria 2030, Santo Domingo y Pascua Lama) y uno en la de Tarapacá (Cerro Colorado).

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