(Pulso) Los inversionistas ya están nerviosos y presionan a Freeport para que reanude las exportaciones desde Grasberg, la segunda mina más grande de cobre en el mundo, después de la chilena Escondida, y la primera de oro. Pero la firma estadounidense reconoció esta semana que las negociaciones con el gobierno de Indonesia están en un punto muerto y amenaza con llevar al país a un arbitraje internacional.
Aunque todavía se alimentan las esperanzas de llegar a un acuerdo para retomar los envíos a partir de marzo, la prohibición ya está dejando una huella en la empresa, con estimaciones de una disminución de alrededor de 17% en las ventas de cobre y de 59% de oro.
En este marco, Deutsche Bank cambió su recomendación de los papeles de Freeport para dejarla en venta y redujo el precio objetivo de la acción desde US$12,9 a US$9,1, justamente por la dificultad que ha tenido para alcanzar un acuerdo con el país asiático. Y aunque el banco reconoce a Grasberg como una mina de alta calidad, larga vida y de bajo costo, destaca los continuos aumentos de riesgos de propiedad y operativos.
Después de todo, las prohibiciones ya suman 36 días (desde el 19 de enero) y no se trata de cualquier mina, sino de un coloso que representa el 28,61% de los ingresos de Freeport, según datos a diciembre recopilados por Bloomberg.
En las minas de cielo abierto y subterráneas de Grasberg, ubicadas en la Cordillera de Sudirman en la provincia de Papúa en Indonesia, trabajan alrededor de 19.500 personas, que generan una producción anual de 744 millones de libras de cobre y de 1,2 millones de onzas, según datos consolidados de 2015.
Lo que está en juego
Por esto Freeport se ha tomado en serio el conflicto, que surge de las nuevas regulaciones que emitió el gobierno del país asiático en enero de este año, según las cuales se permitirá la reanudación de las exportaciones hasta enero de 2022 bajo condiciones que incluyen la conversión de un contrato de trabajo a una licencia de operación especial, el compromiso de terminar la construcción de la fundición en cinco años y el pago de los derechos de exportación que determine el Ministerio de Hacienda.
Hasta ahora el conflicto se ha concentrado en los contratos de trabajo. Si bien Freeport aceptó concretar el cambio, pidió en retorno que se respetaran las garantías fiscales y legales a 30 años que contemplaban los contratos originales, a medida que avanzaban hacia el permiso especial determinado por el gobierno.
Sin embargo, Indonesia exigió que el cambio fuera inmediato y que la empresa renunciara a sus derechos actuales sobre seguridad fiscal y jurídica, por lo cual decidió mantener la prohibición de los envíos desde la mina.
El choque de posturas ha derivado en que Freeport tome la determinación de activar su plan para suspender las inversiones en Papúa, reducir su producción en aproximadamente 60% e implementar estrategias para el ahorro de costos, las que incluyen reducciones significativas de su fuerza de trabajo y niveles de gasto con los proveedores locales.
Efectos más radicales se han observado en la interna, con la renuncia del director ejecutivo de Freeport Indonesia, Chappy Hakim, a tres meses de que asumiera el cargo. Si bien su salida se atribuyó oficialmente a asuntos personales, la prensa local la atribuyó al conflicto entre la empresa y las autoridades.
El viernes pasado el gobierno de Indonesia ofreció un contrato estable por un año, bajo las mismas condiciones señaladas inicialmente. En una rápida respuesta, Richard Adkerson, director ejecutivo de Freeport, señaló que la empresa no estaba dispuesta a revisar los términos de su actual contrato de 30 años. Así, el lunes aseguró en un comunicado que las negociaciones se encontraban en un punto muerto y que estaban evaluando llevar al gobierno del país asiático a un arbitraje y buscar compensaciones por daños.