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Diputados aprueban informe sobre fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares

Entre las principales conclusiones establecidas por la instancia parlamentaria, se cuentan la alta precariedad en materia medioambiental y la nula respuesta del Estado frente al uso y abuso del agua como elemento esencial para el trabajo de extracción de las empresas mineras.

Cámara de Diputados ratificó, con 71 votos a favor y 6 abstenciones, el informe presentado por la Comisión Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes, encargados de la fiscalización y protección de glaciares, cuencas hidrográficas y salares de Chile.

La Comisión se conformó a partir de una denuncia realizada por una organización de la región de Antofagasta, la que planteó graves hechos relacionados con una ausencia de fiscalización por parte de los organismos públicos, que se generó en una afectación importante en el Salar de Punta Negra y que determinó tomar medidas urgentes para salvar no solamente los recursos hídricos existentes, sino que también el ecosistema asociado al salar.

La Comisión consideró la actitud de determinadas autoridades como “débil” y en algunos casos “negligente”, pues en el caso del Ministerio del Medio Ambiente no siempre ha actuado con la debida prolijidad, coordinación y actitud decidida.

Al respecto, el diputado Marcos Espinosa que presidió la investigación, afirmó que la normativa chilena “requiere correcciones urgentes desde el punto de vista de la arquitectura legislativa para hacer frente a demandas medioambientales cada vez más complejas. Este ministerio no está respondiendo a la necesidad de diálogo y coordinación con el resto de la institucionalidad encargada de fiscalizar y entregar garantías desde el Estado”.

”La Dirección General de Aguas, la Conaf, el Servicio Agrícola Ganadero y el Sernageomín son parte de la red que el Estado ha hecho responsable de fiscalizar los contratos y uso de recursos, pero que simplemente no han dado el ancho. Hemos propuesto un conjunto de indicaciones y correcciones que ojalá sean traducidas en proyectos por el Gobierno para ir avanzando”, sentenció.

La Comisión Investigadora cuestionó, además, la utilidad del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad como órgano responsable de aprobar los principales proyectos que pudieran poner en peligro el ecosistema y pidió al Ejecutivo iniciar un camino que busque nuevas atribuciones para esta instancia, que incluyan una modificación a su integración

Finalmente, el trabajo concluyó con una serie de proyectos de resolución y acuerdo, entre los que se cuentan la creación de un observatorio de contaminación, modificar la integración del Comité de Minería no Metálica y darle urgencia al proyecto que crea el Servicio de la Biodiversidad y la protección de los glaciares.

Por su parte, la diputada Cristina Girardi  señaló que “tenemos una institucionalidad que está coludida con el sector económico. No hay otra palabra para definirlo, porque esto de fingir demencia y mirar para el lado no es sólo de ahora, es de este país, desde el Estado de Chile que permanentemente se ha coludido con los intereses económicos y por más que hipócritamente creemos una institucionalidad para defender los intereses del país, de la nación, de esta tierra simplemente cuando llega la hora de aplicar lo que tenemos que aplicar no nos hacemos cargo”.

Premio al aporte medioambiental

Gracias al trabajo de esta instancia, la Cámara de Diputados fue reconocida por la Fundación Terram por su aporte al medioambiente, en el marco del informe anual que realiza esta ONG.

En el informe, Terram destaca que, después de cinco meses de trabajo, la instancia investigadora concluyó que la gran minería afectó gravemente los recursos de agua del país, al tiempo que asigna responsabilidad de las autoridades medioambientales por no fiscalizar, ni impedir el desastre ecológico.

El documento vuelve a hacer mención al trabajo del grupo parlamentario cuando analiza el tema del agua y, en particular, de los glaciares. En esa parte del análisis se menciona parte del desarrollo de la Comisión, desde su constitución en mayo de 2016, y se resalta parte de sus conclusiones, que apuntan a que los organismos del Estado encargados actuaron con negligencia en su rol y a que existe ausencia de un ente rector que estructure y ordene el funcionamiento de todos los organismos públicos involucrados en el área ambiental.

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