(Pulso) A la justicia fue la minera de yodo y nitrato, Arbiodo, propiedad de Sergio Weinstein -ex controlador de Andrómaco- por el polémico decreto de áreas protegidas dictado por el Ministerio de Bienes Nacionales y en el que se privilegió la instalación de energía renovable por sobre las servidumbres mineras ya otorgadas.
El perjuicio que ve Weinstein por la instalación de un parque eólico de Enel Green Power en sus pertenencias mineras no es menor. Según indicó, por medio de un escrito enviado el 26 de diciembre pasado al 12º Juzgado Civil de Santiago, la decisión administrativa instaló en el “corazón del proyecto” un parque eólico, haciéndolo prácticamente inviable.
“Con la construcción y operación del parque eólico, la actividad minera de Arbiodo resulta inviable, lo que implica no sólo perder el yacimiento y su consecuente explotación, sino que, además, hundir inversiones realizadas por la sociedad Ingenieros Asesores Limitada (“Ingenieros”) y que conducían a la explotación de tales yacimientos, sin ninguna posibilidad de recuperarlas”, se indica.
La pugna deriva de un convenio marco de colaboración para la promoción de proyectos con ERNC en terrenos fiscales con potencial, suscrito entre los Ministerios de Energía y de Bienes Nacionales el 11 de julio de 2013 y aprobado por Decreto Exento N° 359, de 29 de agosto de 2013. Este permitió la concesión onerosa en beneficio de Parque Eólico Taltal -propiedad de la italiana ENEL- sobre terrenos fiscales en el que se ubican las concesiones mineras del proyecto Arbiodo.
Esto fue debatido por Arbiodo, que llevó la decisión de los Ministerios hasta la más alta instancia, la que este año falló -de manera dividida- a favor de la secretaría de Estado.
Por ello, desde la empresa decidieron emprender nuevas acciones y a fines de diciembre interpusieron una demanda contra el Fisco -en representación del Ministerio de Bienes Nacionales, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Minería-, el Sernageomin, el parque Eólico Taltal y su propietario ENEL, con miras a que lo indemnicen tanto por las inversiones incurridas en el proyecto, las que se traducen en cerca de US$40 millones. Entre estas se incluyen los estudios de prospección, análisis e informes, las patentes mineras y otros.
Además, desde la empresa solicitan una indemnización por el lucro cesante, que representa el valor de la explotación y venta de las reservas de minerales que Arbiodo está imposibilitado de explotar. Este último cuantificado en cerca de US$2.000 millones.
En el escrito, la empresa es particularmente dura con el precedente que deja para la inversión minera, particularmente porque dicha medida a su juicio no se justifica. “¿Cuál es la razonabilidad para preferir a una actividad económica, suprimiendo el desarrollo de la otra?, ¿Cuál es razonabilidad para hacer perder millones de dólares de inversión de privados que comenzó con el desarrollo de su actividad antes que el otro privado favorecido ilegalmente por el Estado?”, cuestiona.
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