(Pulso) Un 72% de las negociaciones colectivas realizadas con grupos negociadores son “para nada conflictivas”, mientras que sólo el 3% de esos procesos son considerados “conflictivos”.
En contraste, 30% de las negociaciones llevadas a cabo con sindicatos son calificadas como “para nada conflictivas” y 20% dice que son “conflictivas”.
Esa es una de las conclusiones del Estudio sobre Remuneraciones 2016 realizado por Caja Los Andes y Mercer, que en uno de sus capítulos especiales analizó las buenas prácticas laborales en la empresa.
La encuesta fue levantada con datos a mayo de este año y se aplicó a ejecutivos de 120 compañías afiliadas a la caja que tienen menos de 400 trabajadores y que según la legislación laboral, se clasifican dentro de la categoría de “gran empresa”.
Según la regulación vigente que será derogada el 1 de abril de 2017 con la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, los grupos negociadores pueden negociar en la empresa de manera reglada (con derecho a fuero y huelga), en la medida que reúnan los quórum y porcentajes que se exige para constituir un sindicato. También, de acuerdo al artículo 314 bis del Código del Trabajo, pueden negociar de forma semi-reglada, es decir, sin derecho a fuero, al lock out, ni a declarar la huelga y tampoco obliga al empleador a negociar colectivamente ni a suscribir un instrumento colectivo, en el caso que no se llegue a un acuerdo con el grupo. La nueva ley de relaciones laborales que fue promulgada en septiembre no establece un procedimiento de negociación para los grupos negociadores, pese a que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) les dio rango constitucional para negociar.
El estudio diferencia las negociaciones entre aquellas realizadas con sindicato o grupo negociador, donde la nota promedio de cada uno es 3,7 y 4,7 (dentro de una escala de uno a cinco), respectivamente. Cabe indicar que de los grupos negociadores considerados en este estudio, sólo un 3% tuvo una negociación conflictiva.
De la encuesta también se desprende la existencia de una correlación positiva entre la antigüedad del sindicato y la nota con que se evaluó el proceso de negociación. De esta forma, al negociar con sindicatos, la tendencia es que a mayor antigüedad, menor será el grado de conflicto durante el proceso.
Adicionalmente, en términos generales se observa que la mejor evaluación del proceso de negociación colectiva se da cuando el sindicato o grupo negociador acoge en sus filas a profesionales, supervisores y jefaturas.
“Es necesario comprender que no todos los sindicatos funcionan de la misma manera, en la medida que el nivel jerárquico es alto, las relaciones laborales suponen menor nivel de conflicto; sin embargo, en sindicatos con mayor número de trabajadores y menor nivel jerárquico puede darse algún grado de dificultad en las relaciones laborales, pero por la falta de conocimientos técnicos, no de educación como tal”, concluye el informe.
También se observa que las negociaciones más conflictivas (25%) se dan principalmente en el sector industrial; por el contrario, las negociaciones de las empresas pertenecientes a los sectores servicios financieros y servicios a la minería presentan sólo un 9% de sus negociaciones evaluadas como conflictivas. Consumo masivo es el rubro donde hay una mayor evaluación (49%) hacia que la negociación es “para nada conflictiva”.
En cuanto a la segmentación geográfica, el norte del país es la zona donde hay más conflictos (18%).
Respecto a las causales identificadas dentro de la categoría negociaciones conflictivas, se muestra que el principal factor identificado por las empresas corresponde a la incompatibilidad de los requerimientos del sindicato y la capacidad de la compañía debido a restricciones presupuestarias.
Del total de empresas participantes, un 38% incluye en alguna medida programas o acciones que apuntan al desarrollo profesional de sus trabajadores.
Además, sólo el 37% de las firmas transparenta en forma parcial o total la información de mercado relevante en materia de compensaciones y/o beneficios con el sindicato o grupo negociador asociados a instrumento colectivo. Existe asimismo un 9% que no cuenta con estudios pertinentes para el proceso de negociación, ya sea por los cargos analizados o porque los contenidos no reflejan directamente las materias de negociación.
DESAFÍOS
Para Nelson Rojas, gerente general de Caja Los Andes, “el estudio realizado junto con Mercer entrega contenidos relevantes para que las empresas los puedan tener de referencia y guía, y así puedan tomar decisiones con la información necesaria”.
Cristián Aguayo, abogado laboral y socio de Aguayo, Ecclefield y Martínez, comenta que sobre la base de los resultados de la encuesta es “absolutamente necesario” dotar -a través de una ley- de un procedimiento de negociación para los grupos negociadores.
“El propio legislador tenía claridad de que este tema va a implicar que cuando se cuestione la legalidad de los grupos negociadores esta situación deberá ser interpretada, en cada caso, por los Tribunales de Justicia, situación que no se evitará ni con dictámenes de la Dirección del Trabajo ni con fallos que puedan generar algún tipo de jurisprudencia en algún sentido, ya que la certeza absoluta debería ser establecida por la vía legislativa”, dice el experto.
Respecto de si es posible proyectar que el nivel de conflictividad y distancia entre las partes va a ser mayor cuando el próximo año entre en aplicación la Reforma Laboral, Aguayo cree que sí, pues “el nivel de presión que se va a generar frente a la cercanía de una huelga será muy alto, generándose una tensión importante que, en mi concepto, va en la línea contraria de lo que debería fomentar la legislación regulatoria en estas materias, en particular al no efectuar distingos de prohibiciones de este tipo en relación a las partes intervinientes, por ejemplo, en el caso de las empresas en relación a las Pymes”.