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Caso Cascadas: Tribunal alza el secreto de cuentas bancarias a Julio Ponce Lerou

Se investiga la configuración de un eventual delito de estafa por parte de ejecutivos de las sociedades controladas por SQM . Se decretó lo mismo para Aldo Motta Camp.

(El Mercurio) Hasta el momento, la “estafa” era un tipo penal que no había sido explicitado en la investigación del denominado caso Cascadas. Al menos, en su arista principal que versa sobre eventuales infracciones a la Ley de Mercado de Valores.

Sin embargo, en los últimos días el Ministerio Público, invocando la eventual comisión de ese delito, logró que la justicia le diera luz verde en una importante diligencia y que hasta el día de hoy tenía carácter de confidencial.

Por primera vez, desde que se inició el caso en 2012, una medida intrusiva apunta directamente al ex controlador de SQM Julio Ponce Lerou.

El empresario fue citado el 19 de abril de este año por el fiscal regional Centro Norte Andrés Montes en calidad de imputado, junto a su abogado Jorge Bofill.

En dicha oportunidad, guardó silencio y ante la imposibilidad de obtener el alzamiento voluntario de sus cuentas bancarias, la fiscalía decidió acudir a la justicia.

Es así como el 3 de junio pasado el juez Freddy Cubillos -del 7° Juzgado de Garantía de Santiago- autorizó al ente perseguidor penal la medida intrusiva solicitada en el caso Cascadas y ordenó a cinco entidades bancarias alzar el secreto de las cuentas que posee en Chile el ex controlador de SQM por el período 2009-2011.

Hasta el momento, el único formalizado en el caso es Aldo Motta Camp, el gerente general de Norte Grande y Pampa Calichera (sociedades cascadas controladas por SQM), a quien se le imputó por la llamada “Operación Lindzor”. El ejecutivo, junto a Ponce Lerou, fue sancionado con millonarias multas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) (ver recuadro).

A Motta, el tribunal también decidió alzar sus cuentas.

Desde que tomó la tramitación del caso, el fiscal regional Montes ha realizado una serie de diligencias, algunas de las cuales buscan establecer la configuración de un eventual delito de estafa por parte de los ejecutivos antes mencionados, además de Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial, Alberto Le Blanc u otros ejecutivos requeridos en la indagatoria de la SVS.

En ese sentido, el obtener la información sobre los flujos de dineros o comportamiento bancario de quienes tienen calidad de imputados en el caso era clave para el equipo de la Fiscalía Centro Norte. Esto, para establecer si existe intercambio de dineros entre ellos, en el marco de las operaciones cuestionadas por la SVS de las sociedades Cascadas y la entrega de información falsa al mercado.

Contra el tiempo

Antes de dejar su cargo como fiscal nacional, Sabas Chahuán ordenó que el denominado caso Cascadas fuera investigado por el fiscal regional Montes. Este creó un equipo para afrontar la última etapa de la investigación en que se trabaja contra el tiempo.

Esto, porque en las próximas semanas expira el plazo otorgado por la justicia en esta indagatoria, pero que en vista de los nuevos antecedentes a analizar podría ampliarse una vez más.

Hace algunos días el abogado Marcelo Sanfeliú, quien representa a Motta, pidió al tribunal conocer cuál era la diligencia que en el portal del Poder Judicial aparecía como confidencial.

Para ello argumentó que en el caso de que se haya practicado una diligencia sin el conocimiento previo del afectado, se requiere una serie de requisitos específicos para cursar una medida intrusiva. Uno de ellos, por ejemplo, la gravedad de los hechos investigados y la naturaleza de la diligencia.

El objetivo de esta defensa era que se le comunicara qué actuación reservada se había decretado contra su representado y destacó que al día de hoy Motta solo está con medida cautelar de firma mensual, lo que “permite discernir acerca de la gravedad de los hechos investigados y formalizados”.

Pese a los intentos de Sanfeliú, el tribunal rechazó dar cuenta de la diligencia.

Se espera que en las próximas semanas las entidades bancarias remitan dichas documentaciones y el equipo de Montes analice en detalle los movimientos financieros de los ejecutivos en busca de flujos de pago sospechosos.

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