(El Mercurio) En la última década, comprendida entre 2007 y 2016 -proyectado-, la inversión materializada en obras de concesiones representa apenas el 20,3% del gasto total en infraestructura de uso público, registrando un promedio de US$ 550 millones anuales. Dicho porcentaje, en los 10 años inmediatamente anteriores (1997-2006) fue de 50,7%, con una media de US$ 1.115 millones al año y un peak de casi US$ 1.800 millones en 2004, en una época donde se construían grandes proyectos viales y carcelarios.
En idénticas décadas, la inversión estatal directa en infraestructura realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) subió a 79,7% desde el 49,3% previo. Así, en el último decenio, promedió US$ 2.155 millones anuales, versus los US$ 1.082 millones al año de 1997 a 2006.
Así se desprende de cifras elaboradas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las que revelan el estancamiento que registra el gasto en concesiones en los últimos tres gobiernos. El mínimo histórico se registró en 2009, cuando se materializaron apenas US$ 163 millones en obras de uso público financiadas por privados.
El gerente de Infraestructura de la CChC, Carlos Piaggio, explicó que existen al menos tres grandes factores que han incidido en la merma de las concesiones. Uno de ellos, indicó, es el efecto que generó el caso MOP-Gate (de inicios del 2000), que produjo un «cuestionamiento del sistema respecto de que había cierta captura del Estado por parte de las empresas concesionarias». Añadió que se produjo una revisión de esta situación, que derivó en una paralización de esta industria y que incluyó un cambio a la Ley de Concesiones que se tramitó en 2009-2010.
«Si bien luego se trató de reimpulsar el sistema, ha sido difícil volver a niveles altos de inversión, pues cuando se detiene este motor, es complicado ponerlo de nuevo en funcionamiento», sostuvo Piaggio.
Otro factor negativo, señaló, es el retraso en el fortalecimiento de la Coordinación de Concesiones del MOP, que ha tenido una fuerte rotación de encargados de esa entidad en los últimos años y muestra una «organización pública bastante mermada en términos de gestión» y una carencia en nuevas carteras de proyectos.
Como tercer elemento, Piaggio identificó uno ligado a un cambio social. «La población tienen otros niveles de ingresos y otras perspectivas, lo que ha significado cuestionamientos al sistema de concesiones». Esto último, explicó, ligado a déficits en servicios de autopistas que están llegando a niveles de saturación y para las cuales no se han activado «gatilladores de inversión para recuperarlas».
Propuestas para avanzar
Para mejorar la inversión en infraestructura pública en Chile, que hoy promedia 2,5% del PIB -un punto menos que países desarrollados-, Carlos Piaggio propone potenciar las concesiones, ya que solo con fondos fiscales no es posible acortar la brecha respecto del gasto que exhiben grandes naciones en esta materia.
Uno de los planteamientos es modernizar la cartera de inversiones. «Se está hablando mucho de iniciativas que estaban hace diez años o más, pero quién está renovando o aumentando los proyectos». En este sentido, sostuvo que el Fondo de Infraestructura -que impulsa el Gobierno y que debe aprobar el Congreso- podría destinar un porcentaje de 5% de sus recursos, por ejemplo, a desarrollar iniciativas, lo que «permitiría tener una cartera permanente para los próximos 10 años». Afirmó que «la Coordinación de Concesiones no tiene esa capacidad, no posee recursos».
En este sentido, Piaggio añadió que es «vital» materializar el proyecto de la Dirección General de Concesiones, el cual -dijo- está en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados. Esto, «porque para ejecutar más proyectos se requiere de una institucionalidad adecuada», dijo.
Otra de las propuestas, indicó, es potenciar el mecanismo de iniciativas privadas. «Hay una tarea pendiente que es aprobar la modificación del reglamento de estas iniciativas, el cual ya está firmado por la Presidenta desde el año pasado, pero aún no se materializa». Recordó que esta transformación mejoraba los premios a los proponentes de proyectos -sin desincentivar la competencia- y daba certezas en cuanto al reembolso de los estudios.
A lo anterior, como planteamiento, se añade el apurar obras de upgrade o mejoras de las actuales concesiones, «que se hacen mediante convenios y permitirían tener una actividad inmediata», aseguró Piaggio.
MOP licitaría proyectos por US$ 4.088 mills. a marzo de 2018
Iniciativas por US$ 4.088 millones a licitar entre este año y marzo de 2018 contiene la cartera de proyectos actual de la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Este documento, de todos modos, proyecta licitaciones hasta 2021, con planes que suman US$ 8.289 millones.
La semana pasada, el coordinador de Concesiones, Eduardo Abedrapo, presentó la cartera en una actividad organizada por la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno. Según consignó la entidad del MOP en su página web, para este año se considera la licitación de la concesión Américo Vespucio II, tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes, por US$ 800 millones; la iniciativa privada Teleférico Bicentenario de Santiago, y la Ruta Nahuelbuta, por US$ 254 millones. Esta última prevé mejorar la conectividad entre las regiones del Biobío y de La Araucanía.
Para 2017 está contemplada la licitación de la Autopista Metropolitana de Puerto Montt, iniciativa privada de US$ 340 millones que consiste en la construcción de una vía de doble calzada que unirá las localidades de Puerto Varas, Alerce, La Vara, Puerto Montt y el Aeropuerto El Tepual, en una longitud aproximada de 33 kilómetros. Ese último proyecto permitirá reducir los tiempos de viaje de las personas, disminuir los costos de operación y aumentar los niveles de seguridad, beneficiando de este modo a los usuarios de las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt.
Para el período marzo de 2018 e igual mes de 2019 se licitarían US$ 1.300 millones, destacando la iniciativa privada Ruta 5: Caldera-Antofagasta, por US$ 640 millones. A la vez, en el lapso 2019-2020 se licitaría la iniciativa «Ruta 68+Alternativas», por US$ 600 millones.
Uno de los ejes de la cartera considera a 2030 materializar la Ruta 5 en estándar concesionado desde Arica a Quellón.