(Pulso) El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el día jueves 4 de agosto la audiencia de reformalización de Aldo Motta, y la abogada Claudia Morales, ambos investigados por infracciones a la Ley de Mercado de Valores en el marco de la arista penal del denominado caso Cascada.
A cuatro días de que expirara el plazo de la investigación penal, el fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Andrés Montes, solicitó una nueva prórroga para desarrollar su investigación.
En su escrito, presentado el pasado jueves, el persecutor fundó su petición en diligencias pendientes que buscan asegurar el éxito de la investigación. Esto último en conformidad con lo previsto en los artículos 234 y 247 del Código Procesal Penal.
Entre las diligencias pendientes estarían la toma de declaración de otro grupo de los sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Fuentes conocedores del proceso sostienen que el persecutor dedicó gran parte de los meses de marzo y abril para la toma de declaraciones.
De hecho, tanto Julio Ponce Lerou como su hermano Eugenio han prestado declaración en el marco de la investigación que encabeza Montes.
Cabe recordar que este último asumió en reemplazo del fiscal José Morales tras los cuestionamientos de los querellantes AFP Habitat y Moneda por la lentitud en el proceso.
Las operaciones que se le cuestionan son las mismas por las que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas a varios ejecutivos en 2014 por un total de US$ 164 millones. Los dardos del persecutor apuntarían a operaciones que pudieran tener como esquema la compra de acciones de SQM-A o SQM-B por parte de Pampa Calichera, las que luego se vendían a terceros y, volvían a ser compradas por Pampa Calichera. Así, la sociedad perdía dinero en el papel, pero presentaba ganancias contables.
Ajuste. Fuentes ligadas al proceso sostienen que la nueva audiencia de formalización solicitada por Montes buscaría acotar su investigación.
Punto importante tendrá lugar el día de la reformalización, puesto que sólo en esa ocasión el fiscal revelará los supuestos hechos constitutivos de delitos que le atribuye a Aldo Motta y Claudia Morales.
Otras fuentes cuestionan el aumento de plazo de la investigación, puesto que en los hechos ya tendrá dos meses de gracia.
Por lo mismo la lectura de los otros sancionados, que forman parte de la Resolución 233 de la SVS, es una sola: la fiscalía estaría acotando el caso.
La defensa de Aldo Motta ha logrado revertir las cautelares que le habían sido impuestas en su formalización.
Lo anterior, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago aceptara levantar la medida cautelar de arraigo nacional decretada en enero pasado, cuando el ejecutivo fue formalizado el 20 de enero de 2015.
Frente a la petición, la fiscalía y el querellante Moneda Asset Management, René García, no se opusieron a revocar la cautelar.
De acuerdo a la investigación fiscal, Aldo Motta junto a Claudia Morales entregaron información falsa a la Superintendencia de Valores y Seguros para dar una apariencia de licitud a la denominada “Operación Linzor”.
Esta corresponde a la venta de un paquete de 5 mil acciones de SQM-A en 2011, por Global Mining, filial de Pampa Calichera, a su relacionada Oro Blanco. Según estableció la Fiscalía, el actuar de ambos imputados no sólo afectó gravemente la veracidad de la información existente en relación con estos emisores de valores de oferta pública en el mercado y su transparencia, sino que dificultaron el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y sancionatorias de la SVS.