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Fraude a Ley del Cobre: Las debilidades que detectó la auditoría contratada por el Ejército

General Humberto Oviedo explica que el informe apunta a procesos de control antiguos y a una tecnología obsoleta. También, a la falta de un mayor control sobre el personal de áreas sensibles.

(El Mercurio) Hace medio siglo, Humberto Oviedo Arriagada tenía siete años y estudiaba en el Liceo San José, en Punta Arenas, donde su padre, Jaime Oviedo Cavada, era oficial de Ejército. Ahora está de vuelta en Magallanes. Como comandante en jefe del Ejército, hoy entregará un reporte sobre su gestión del último año, el que estuvo marcado por un fraude a la Ley del Cobre que, por ahora, se estima en $5.360 millones.

Una de las medidas que tomó fue la inédita contratación de una auditoría externa a los procesos tras los fondos del cobre. Si bien estos detectaron el fraude, el propio Oviedo admite que “a lo mejor pasó mucho tiempo”.

Luego de los seis hallazgos de la auditoría de Surlatina (ver nota relacionada) y los cambios hechos hasta ahora, plantea, “creemos que vamos a atacar el fondo del problema (…) Vamos a ver otras barreras que tal vez no estuvieron y que a lo mejor dieron la posibilidad de que personas, haciendo fraude y vulnerando la ley, pudieron hacer, en concomitancia con proveedores civiles legalmente constituidos, este fraude al fisco”.

-¿Por qué se llegó esto?

-Hay procesos que tienen muchos años, que han tenido una tecnología distinta, muchas cosas manuales, por tanto aquí hay un tema de tecnología que a lo mejor ha quedado obsoleto. Lo otro es no haber experimentado una revisión de estos macroprocesos, que nos está diciendo que hay una debilidad en ello. Y por otro lado, mejorar las investigaciones de seguridad de personal que debemos hacer con nuestra propia gente (…) Por eso, desde junio somos parte de la Unidad de Análisis Financiero, donde podemos denunciar acciones sensibles o riesgosas (…) De ahí surgió la denuncia del Ejército sobre AC Inversiones”.

-¿Es compatible un mayor escrutinio al uso de los fondos del cobre con preservar las capacidades militares del país?

“No soy defensor de ninguna ley, porque no me corresponde. Yo debo cumplir la ley (…) Me quedo con lo que la Presidenta (Bachelet) dijo en su clase magistral del año académico de las FF.AA. el año pasado: lo que no se puede vulnerar en nuestro Estado es la capacidad militar que Chile ha logrado”.

“Si ese escrutinio va a permitir asegurar la capacidad militar, se estaría cumpliendo con el objetivo final. Lo triste sería que por una discusión muy inmediata se vaya a vulnerar lo trascendente, que es la capacidad militar”.

-¿Teme que el caso del fraude pueda generar eso?

-No. Creo que lo que el fraude ha generado, y debemos tomarlo como una oportunidad, es justamente revisar los procesos internos para evitar casos como estos, porque los fraudes no solo se van a dar con la Ley 13.196. Se pueden dar con cualquier ley”.

-Usted ya está en el “segundo tiempo” de su gestión. ¿Imaginó que esta iba a ser su gran batalla como comandante en jefe?

“No. Creo que mi gran batalla es poder generarle al Ejército las mejores condiciones para cumplir con su misión trascendente, que es la defensa. Por lo tanto, todo lo que sea interferir en eso siempre será una batalla importante del comandante en jefe”.

-Hablamos de personas que juraron defender la patria…

“Es mucho dolor, frustración también, porque uno ha hecho todos los esfuerzos por formar personas. Nuestras escuelas matrices hacen un trabajo dedicado (…) Por otro lado, como también apostamos al honor, a la entrega sin claudicaciones -como es el juramento a la bandera-, nuestro sistema de justicia, muchas veces criticado, da las penas y rigores por vulnerar ese juramento. Y por eso estas personas llevan presas casi dos años”.

-Una prisión preventiva, porque aún no hay condenas.

“Pero si hubieran estado en otro sistema ya no estarían presos”.

-En la justicia civil…

“Exacto. Vulnerar un juramento de prestar servicio a la patria, de cumplir con las leyes y reglamentos, se paga con eso. Por eso el Código de Justicia Militar es particularmente diferenciador respecto del ciudadano normal, porque nuestra tarea tiene una sensibilidad especial”.

-¿Que el cabo Juan Carlos Cruz apostara $2.273 millones en Monticello en cuatro años (2011-2014), según un informe de la Superintendencia de Casinos, no era detectable?

“Obviamente que no es normal. (…) Tiene que ver con los controles que puedan determinarse en el sumario que puedan haber sido vulnerados en una parte de la cadena de mando”.

-¿Por qué sí detectaron a AC Inversiones?

“Hay información que tiene que ver con movimientos de dineros que son ahorrados o puestos en estas oficinas que, a la visibilidad de la información pública, daban a conocer indicadores que, al menos, eran para poner en alerta en cuanto a los intereses que ofrecían entregar mensualmente (…) En este ámbito, una obligación que tenemos es cuidar a nuestra gente. Los comandantes deben saber lo que pasa con las personas (…) En esa alerta los comandantes lograron interpretar que había un riesgo”.

“Y eso fue lo que hicimos como cualquier otra organización grande, de emitir boletines para advertir situaciones que podrían traer alguna ilegalidad. La primera circular fue en agosto de 2014, la segunda en enero de 2015 y la última en enero de 2016”.

-¿Hubo funcionarios que ayudaron a Patricio Santos a organizar reuniones con militares?

“Las circulares fueron súper claras en eso. No podemos inmiscuirnos ni castigar qué hace la persona con su sueldo, pero sí la podemos orientar y educar. También fueron explícitas en cuanto a que en el ámbito del trabajo que uno puede desarrollar en horas de servicio e incluso fuera de las horas de servicio, uno tiene que solicitar permiso para tener un trabajo remunerado (…) Por lo tanto, cualquier persona que cayera en la denominación de captador formal, de contacto con la empresa X, iba a ser sancionado”.

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