Como un hecho histórico que permite avanzar hacia un nuevo trato del Estado de Chile hacia los pueblos originales fue calificado por los representantes de dichas comunidades las acciones realizadas en el último tiempo por el país, en particular, la concreción del ejercicio de la consulta previa realizada el año pasado, en concordancia con el convenio OIT 169, y el principal acuerdo definido en dicha instancia: promover la creación de los Consejos de Pueblos Indígenas y del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
La opinión fue vertida esta semana ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, justamente en el contexto de los primeros pasos en la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo que crea la nueva institucionalidad representativa para los pueblos originarios, según consigna la nota publicada en el portal de la Cámara.
Luis Pailapichun, quien representó a la comunidad mapuche, pero quien dijo hablar también en nombre de los nueve pueblos originarios reconocidos en Chile, consideró el presente diálogo con el Gobierno y el Parlamento como un hito histórico, ya que reconoce la visión de las comunidades y los acuerdos alcanzados en la consulta previa. “Queremos dar el paso más importante del siglo XXI y construir este Consejo de Pueblos”, enfatizó.
Reconoció que no siempre hubo confianza en el proceso, pero resaltó que hoy se puede avanzar hacia un Estado que reconoce una pluralidad nacional y una diversidad cultural. “Seguiremos avanzando hacia el futuro, pero ya no mirando de reojo, sino de frente, como hermanos de una misma nación y con el respeto de nuestras culturas, tradición y autoridades de nuestros territorios”, acotó.
Marcela Varas, representante de la comunidad Licanantay (atacameños), dijo que esperan que este Consejo Nacional de Pueblos Indígenas tenga una verdadera representatividad ante el Estado de Chile, permitiendo un verdadero impacto en las políticas que les tocan.
Hizo especial mención al proceso de consulta previa y reconoció las dificultades que se generaron, particularmente por la desconfianza de algunos sectores que se marginaron en un comienzo, pero que finalmente aceptaron adherir, logrando con ello un nivel amplio de consenso en las materias acordadas y que dicen relación con los citados proyectos en trámite legislativo. “Sentimos que como pueblos indígenas estamos preparados para participar en los procesos de consulta de manera activa e informada, con capacidad de llegar a acuerdo en distintas materias”, planteó.
En todo caso, apeló a seguir avanzando en otros puntos, como el mecanismo de participación política indígena en el Parlamento y las adecuaciones a los estándares del convenio 169 de la OIT (derogación de los decretos supremos 40 y 66, impugnados por generar desconfianza y por plantear incongruencias, como realizar consultas después de que los proyectos de inversión se presentan a evaluación ambiental).
Aimara y mapuches-huilliches
Catalina Cortés, representante de la comunidad Aimara, sostuvo que es necesario legislar en relación al Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Asuntos Indígenas, dado que la Conadi no considera la representación de todas las comunidades reconocidas en el país y presenta atribuciones muy limitadas, sin una clara coordinación de las políticas públicas atingentes al sector.
Reconoció que su comunidad se marginó inicialmente de la consulta, pero resaltó que, finalmente, se incorporó a los acuerdos una vez que el Estado se comprometió a respetar los estándares del convenio 169 y a derogar los decretos 40 y 66. “Nunca pensé estar defendiendo este proyecto y aquí estoy hoy como representante nacional”, resaltó, invitando luego a los diputados a hacerlos partícipes del trámite legislativo y a legislar en pro de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, para tener un Estado plurinacional.
Mientras que Alicia Raillanca, representante de la comunidad mapuche-huilliche, sostuvo que era muy importante sentarse, por primera vez, a discutir en la Cámara de Diputados, junto a legisladores de distintos pensamientos políticos, temas de relevancia para los pueblos originarios. “Eso significa para nosotros que estamos comenzando una nueva era donde los pueblos originarios también tienen la oportunidad de entregar a ustedes nuestro pensamiento y la forma como nosotros queremos participar de la democracia en este país”, enfatizó.
Calificó la consulta previa como un signo de respeto para ellos y, en el mismo plano, valoró la oportunidad que da la Comisión de Gobierno de recibir voces y opiniones que nacen del seno de sus comunidades.
Junto a lo anterior, relevó el papel que pueden tener tanto los Consejos de Pueblos como el Consejo Nacional, pero llamó a no generar instancias meramente decorativas, sino resolutivas y de decisiones vinculantes, tanto para las comunidades indígenas como para el propio Estado chileno. “Nosotros somos capaces en pleno siglo XXI de entrar a una nueva era donde los pueblos originarios tomen el mando y el protagonismo de sus políticas. ¿Por qué no? ¿Dónde está el daño, dónde podríamos reservarnos, dónde podríamos nosotros entrampar el desarrollo? Todo lo contrario, lo agilizamos, lo hacemos más dinámico y lo convertimos en un Consejo que puede aportar”, puntualizó.
Además pidió a los diputados validar las entidades tradicionales de representación de los pueblos originales; generar un padrón nacional electoral que dé cuenta, por ejemplo, de cuántos habitantes de origen mapuche hay en el país; y considerar la inclusión de una dieta para los consejeros. “Nosotros queremos ser parte de este hermoso Chile y lo queremos mirar de igual a igual, por eso estamos acá y yo estoy orgullosa de representar a mi pueblo”, concluyó.