(La Tercera) La revelación de los correos electrónicos entre el ex senador UDI, Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse en 2010, mientras se definía el proyecto de royalty minero, ha propiciado el surgimiento de algunas voces que solicitan una modificación a esta ley.
Sin embargo, esta idea inquieta en el sector minero nacional. Así lo dejó en claro el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, quien señaló que el solo anuncio de una modificación legal “sin tener conocimiento del sentido y alcance de ésta, genera incertidumbre y, por cierto, le resta seriedad al país”.
El líder del gremio minero, agregó que ésta es una actividad “que se desarrolla en el largo plazo, para lo cual requieren normas estables en el tiempo”.
Salas , quien también lidera la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), agregó que una de las características que convirtió a Chile en un atractivo para la inversión de capitales en la minería es que “hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido en nuestro país su base de operaciones para América Latina”.
Como consecuencia de lo anterior, Salas reiteró que una eventual modificación del impuesto específico a la minería generaría “incertidumbre” entre los inversionistas que eligen al país para el desarrollo de proyectos en el rubro.
Posible modificación
Una vez que se conoció el supuesto vínculo entre Longueira y el ex funcionario de la minera no metálica, un grupo de parlamentarios oficialistas de la bancada PS, liderados por el diputado Marcelo Schilling y apoyados por parlamentarios, como Pepe Auth (PPD) y Marcos Espinoza(PR), presentaron una moción tendiente a derogar el artículo cuatro de dicho cuerpo legal, que extendía la invariabilidad tributaria a mineras nacionales que se acogieran al alza del royalty.
De acuerdo a Ciper, el artículo cuarto de la ley de royalty habría beneficiado directamente a SQM. Pero fue la propia minera no metálica la que la semana pasada señaló que no obtuvo beneficios tras los cambios en la legislación, y que incluso pagó US$ 75 millones en los tres primeros años de la aplicación del nuevo impuesto, versus los US$ 29 millones pagados en los tres años anteriores.
Esta semana sería clave para los parlamentarios que impulsan esta moción de nulidad, en materia de buscar nuevos apoyos que les permitieran darle mayor respaldo a la iniciativa.En paralelo, los diputados PC Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez presentaron un proyecto similar, pero que no busca derogar el artículo, sino que anularlo.
El viernes pasado la Presidenta Michelle Bachelet, si bien echó por tierra estas propuestas al señalar en Radio Canal 95 de Antofagasta, que “en Chile no hay norma institucional para anular una ley por la sospecha de algo”, también agregó que “uno siempre puede revisar o cambiar una ley”.
No es la primera vez que los parlamentarios proponen la eliminación o nulidad de una ley. A comienzos de enero diputados de las bancadas del Partido Comunista (PC) y de la Izquierda Cristiana (IC), ingresaron una modificación para anular la vigente Ley de Pesca, luego que estallara el caso Corpesca, y se establecieran eventuales vínculos entre ejecutivos de la firma y el senador UDI Jaime Orpis.
Posteriormente, y en una polémica sesión, la mesa de la Cámara decidió declarar admisible la moción, frente a las críticas de diversos sectores del Parlamento. Tras esto, el gobierno dijo que sería “inconstitucional”, e incluso el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, no descartó acudir al Tribunal Constitucional en caso que la iniciativa prosperara en el Parlamento.