(Pulso) La compañía SQM decidió entregar su opinión respecto a la polémica que se generara al conocerse, a través de un reportaje de Ciper, correos electrónicos enviados por el ex gerente general de la minera no metálica, Patricio Contesse, al entonces senador Pablo Longueira (que ayer renunció a la UDI), donde buscaba influir en la tramitación de la modificación que se realizó el año 2010 a la Ley de Royalty Minero.
Según el reportaje, las propuestas de Contesse fueron asumidas en el proyecto de ley que finalmente se despachó del Congeso.
En una comunicación a sus accionistas, SQM sostuvo que “respecto a la ley de impuesto específico a la actividad minera (“IEAM” o “royalty minero”), promulgada el año 2005 y modificada en el año 2010, SQM y sus filiales no recibieron beneficio alguno en comparación al resto de las empresas de explotación minera que están sujetas a esta ley”.
Añadió que “la simple lectura de la ley y sus modificaciones aclara que no existe un régimen especial, ni beneficios, ni menos ventajas económicas para SQM y sus filiales”.
En el texto, SQM recuerda que durante el año 2010 la empresa “hizo presente que la modificación de la ley debía considerar un trato equitativo y no discriminatorio para las empresas nacionales respecto a las empresas extranjeras tal como así había sido incorporado en la ley original del año 2005. Lo anterior, parecía de toda lógica y consecuentemente fue aceptado por todos quienes participaron en la formulación y aprobación final de la ley”.
Y agregó: “La ley y sus modificaciones fueron materia de amplia discusión por parte de los distintos actores políticos y económicos. En ambas oportunidades los textos de la ley fueron sometidos a un profundo escrutinio público y finalmente aprobados mayoritariamente por ambas cámaras del congreso”.
La empresa también informó los montos que SQM ha debido pagar por concepto de royalty, y su diferencia antes y después de la modificación de la ley.
Además, se agregó que “desde el año 2010 por un periodo de más de seis años, no han existido comentarios por parte de sectores políticos, económicos o sociales respecto a que esta ley sería discriminatoria, entregando beneficios o ventajas a alguna de las compañías sometidas al impuesto específico a la actividad minera”.
Por último, SQM aseguró que “ha apoyado y seguirá apoyando las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Publico, aportando toda la información que sea requerida por la autoridad (…) Los comentarios que apuntan a que la modificación a la ley presentó beneficios para SQM son ficticios y no se apegan a la realidad”, concluyó.