(El Mercurio) Los integrantes de esta disputa legal tienen peso. El grupo Luksic, a través de la sociedad Minera Pampa Fénix -filial de Minera Michilla y, a su vez, de Antofagasta Minerals-, versus el fisco de Chile. Este último, representado por el Consejo de Defensa del Estado, que defiende a los ministerios de Bienes Nacionales y de Energía. Todo, a propósito del proyecto Tórtolas, que implicaría en el futuro la entrada de este conglomerado a una nueva área productiva, pues contiene yodo y otros nitratos, y hoy solo opera yacimientos cupríferos.
A esta iniciativa se le negaron algunas servidumbres en terrenos fiscales cercanos a Taltal, invocando que el área había sido preservada con potencial de desarrollo de energías renovables no convencionales (ERNC), de acuerdo con un convenio definido por esos ministerios en julio de 2013.
Como guinda de la torta, el tercer actor involucrado en esta contienda es Transmisora Eléctrica del Norte -firma controlada en partes iguales por E-CL y la española Red Eléctrica Internacional-, que ya se encuentra construyendo la línea que va entre Mejillones y Cardones para unir los sistemas eléctricos del Norte Grande con el Central (SING y SIC, respectivamente). Esta iniciativa ya cuenta con las servidumbres de paso, y en varias extensiones cruza por territorios que si bien son fiscales, en ellos la minera ya tenía derechos en el subsuelo, por lo que alegan que debiesen haber sido consultados.
La pugna pasó del Cuarto Juzgado de Letras de Antofagasta a la Corte de Apelaciones de esa ciudad y ahora se encuentra en su última instancia, en la Cuarta Sala de la Corte Suprema. El primer fallo lo ganó el holding minero, pues el tribunal planteó que dado que la mayor parte del territorio para poner en marcha el proyecto Tórtolas estaba en sus manos, el fisco debió entregarles los derechos faltantes, como lo sugiere el Código de Minería. El segundo veredicto revirtió esa decisión y estableció que el fisco no debe otorgar las servidumbres dado un interés mayor, que es la necesidad de enfrentar el desarrollo futuro de energía que requiere el país.
Desde la minera explican que si bien por ahora no está dentro de las prioridades del grupo desarrollar el proyecto Tórtolas, sí tiene interés de hacerlo en el futuro, por eso su intención de resguardar los derechos adquiridos. De fondo, también recalcan que el fallo final es importante, porque puede marcar un precedente en cuanto a la seguridad que ha entregado en las últimas décadas el Código de Minería para la estabilidad de las inversiones del sector, que ahora podría verse ensombrecido por la firma de este convenio entre los ministerios involucrados. De todos modos, cuentan que están en conversaciones con la eléctrica para alcanzar un acuerdo que permita modificar el trazado de la línea contemplado en la zona especificada.