(La Tercera) Informalidad es una palabra que se repite al momento de describir los pormenores del negocio de compra y venta de chatarra de cobre en Chile. Es que en paralelo a la industria legalmente establecida de comercialización de desechos del metal, en el país opera un extenso mercado de productos de procedencia a veces ilícita, con sitios de acopio improvisados, ausencia de documentación de respaldo e incumplimiento tributario. Esta industria del denominado “cobre negro” tiene en alerta al sector metalúrgico y al Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además de los alcances vinculados al conocido robo de desperdicios del metal para su posterior venta, la informalidad conlleva un perjuicio fiscal relativo al no pago de los impuestos correspondientes. Es el caso de la chatarra del metal comercializada y exportada al exterior, donde las irregularidades se traducen en la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Desde 2012 los envíos de mercancía catalogada como desecho de cobre superan las 181 mil toneladas, equivalentes a más de US$ 1.165 millones.
El perjuicio fiscal en los envíos al exterior se vincula al derecho a recuperar el IVA que tienen las empresas del sector exportador. Con el objetivo de incentivar el comercio exterior, el Decreto Ley N° 825 de 1974 estableció que los exportadores tendrán derecho a la devolución del IVA que se les hubiere aplicado en la adquisición de bienes o servicios destinados a su actividad.
Sin embargo, tratándose de desechos que tiene un origen a veces desconocido y sin documentación de respaldo, o que se comercializan con empresas relacionadas -simulándose, por ejemplo, el pago del IVA al proveedor-, la recuperación del impuesto por parte del exportador implica un perjuicio para el Fisco, que debe reintegrar tributos que no fueron debidamente cancelados. En 2014 las devoluciones de IVA superaron los $ 5 mil millones (actuales US$ 7,5 millones aproximadamente).
“El aumento en los índices de exportación de chatarra de cobre se debe a la recuperación de un IVA que no se paga en la compra”, asegura Juan Carlos Martínez, presidente de la Asociación de Industria Metalúrgica y Metalmecánica (Asimet).
El gremio ha expresado su inquietud tanto en el Servicio Nacional de Aduanas como en el SII por una práctica que, aseguran, tiene un nocivo impacto en el desarrollo de la industria local. “Esto le está haciendo daño a la manufactura nacional que recicla este material para la manufactura de productos de cobre”, agregan.
En el SII destacan que dada su alta informalidad -hasta el año pasado existían 84 contribuyentes registrados legalmente como comercializadores de desechos de metal- el negocio de chatarra de cobre ha sido históricamente objeto de fiscalización. Indican que además de las dificultades para determinar su origen, muchas veces el acopio del material se realiza en sitios improvisados en medio de barrios o en zonas periféricas de la ciudad.
En 2015 Impuestos Internos presentó más de 20 querellas por delitos tributarios vinculados a la compraventa de desperdicios del metal y los procesos de revisión suman más de 500 en los últimos tres años.
Como una herramienta para disminuir la alta brecha tributaria en esta industria, en 2003 el SII dispuso el cambio del sujeto de IVA de 19% en la venta de chatarra. Esto significa que a diferencia de la regla general para el pago de este gravamen -en que el vendedor de un bien o servicio recarga el IVA en una factura para luego cancelarlo al Fisco-, será el propio comprador del bien, de chatarra en este caso, el que deberá retener el IVA y pagarlo directamente al Estado.
Además de los procesos de fiscalización, en los últimos dos años las exportaciones de desechos de cobre disminuyeron principalmente por efecto de menores precios del metal. Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, explica que el negocio está directamente relacionado con los valores del cobre y la disponibilidad de concentrado. “Cuando no hay mucha disponibilidad, con los precios altos, hay un incentivo grande a exportar, sobre todo a China”.
En todo caso, empresarios del sector advierten que existen empresas que para evitar la retención del IVA caratulan las mercancías bajo una glosa arancelaria distinta a la de chatarra, por ejemplo, como tubos de cobre. De hecho, los envíos por este concepto más que se dispararon en los últimos dos años, de US$ 375 mil en 2013 a US$ 21 millones en 2014 y US$ 35 millones el año pasado.
En este caso, llama la atención que el 98% de las exportaciones clasificadas como tubos de cobre corresponde a Comercial Crimaxca Spa, que figura domiciliada en la comuna de Lampa, en la Región Metropolitana. La Tercera intentó en repetidas oportunidades y por diversos medios comunicarse con algún representante de la empresa -que no posee mayor información comercial disponible ni teléfonos públicos de contacto- pero no fue posible obtener una respuesta.
Por eso, y aunque valoran el impacto de la mayor fiscalización en la detección de irregularidades en la comercialización interna de la chatarra, desde Asimet piden abordar el perjuicio en la industria local derivado del incentivo a la recuperación fraudulenta del impuesto a las exportaciones.
“Esta distorsión tiene en serios problemas a los fundidores (…) aunque el SII ha adoptado un rol más activo a nivel de mercado interno al restablecer los agentes retenedores de IVA, está aún pendiente resolver el tema de la exportación”, subraya Juan Carlos Martínez.