(La Tercera) Han pasado exactos cinco años, cinco meses y 29 días desde que 33 mineros quedaron atrapados a 750 metros de profundidad en la mina San José. Y San Esteban, la sociedad dueña del yacimiento hoy inutilizado, aún no logra saldar las deudas por más de $ 13.363 millones que arrastra desde entonces.
El último plazo que se había fijado en el convenio judicial preventivo de quiebra, y que fue solicitado por los dueños de la mina el 31 de agosto de 2010 para deshacerse de los activos y pagar parte de las deudas, vencía el próximo 30 de marzo. Sin embargo, hace dos semanas, los acreedores llegaron a un acuerdo y el plazo se corrió un año más, hasta el 31 de marzo de 2017.
De los acreedores, el Fisco es uno de los más importantes, y justamente quedó en esa condición luego de los gastos por el accidente de los mineros. Según el acta de la junta de acreedores del 20 de enero de este año, la Tesorería General de la República es acreedor preferente por $ 975 millones, mientras que la Empresa Nacional de Minería (Enami), acusa otros $ 2.698 millones. Además, como valista, al Estado se le adeudan otros $ 3.744 millones.
De acuerdo a los antecedentes que se han acumulado en el 17° Juzgado Civil de Santiago, donde se lleva el proceso, para la minera ligada a los empresarios Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, no ha sido fácil vender las pertenencias. En la solicitud original de hace cinco años explicaban que el complejo momento financiero de la sociedad partió en 2007, cuando por un accidente tuvieron que detener las faenas, con lo que acumularon pérdidas por $ 3.537 millones entre 2007 y 2008.
Pero con el derrumbe en San José las cosas cambiaron para peor. “Esta situación indeseada, y sorprendente para sus dueños, ejecutivos y trabajadores, ha producido diversos efectos, todos ellos perjudiciales para el normal desarrollo de las actividades de la compañía”, relataba en 2010 Alejandro Bohn, representante legal de San Esteban, para explicar las deudas que al principio ellos contabilizaron en $ 11.826 millones contra 329 acreedores.
Los activos de la empresa, dijo la misma en 2010, alcanzaban los $ 4.553 millones.
Vender San José
Hasta la fecha, según ha relatado al tribunal la síndico a cargo del convenio judicial preventivo, Loreto Ried, todavía están pendientes prospecciones para saber el estado técnico y comercial de la mina.
Ese trámite pendiente, sumado a la baja en el precio del cobre y la mala reputación que tiene San José, han hecho complejo que alguien quiera hacerse con esas pertenencias, dice un cercano a la causa. Sin embargo, de venderse, no debería ser a menos de US$ 10 millones. El problema es encontrar un comprador.
De hecho, cuando Bohn pidió iniciar el convenio, dijo que sus compradoras de cobre dejaron de trabajar con él producto del accidente.
Convenio: El 31 de agosto de 2010
Alejandro Bohn solicitó en el 17° Juzgado Civil de Santiago un convenio judicial preventivo para evitar la quiebra. “Esta situación indeseada, y sorprendente para sus dueños, ejecutivos y trabajadores, ha producido diversos efectos, todos, perjudiciales para el normal desarrollo de las actividades de la compañía”, dijo al pedir el procedimiento sobre el derrumbe de San José.