(El Mercurio) Los años que vienen no van a ser fáciles para Codelco, la empresa que más aportes le entrega al fisco. Esto, porque su producción comenzará a caer producto del envejecimiento de sus yacimientos, y aún no habrán iniciado operaciones los proyectos estructurales.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining y ex Cesco, dice que por eso la estatal debería «parar un poco la idea de llevar adelante el plan de inversiones tal como lo definió, cambiar el ritmo de algunos proyectos y pensar en algún tipo de adquisición, comprarse algún activo o alguna compañía que le permita sortear este periodo de baja producción sin impactar su flujo de caja». Y agrega: «En el mercado hay opciones (de compra) para Codelco, y eso puede significar beneficios en su flujo de caja y en diversificación de riesgo, que en este minuto es muy alto porque tiene toda la apuesta concentrada en los proyectos».
Sostiene que hoy, producto de las complicaciones que vive el sector, hay muchos activos en venta a bajos precios, y la estatal debería aprovechar. Para eso debería utilizar los recursos que hoy busca invertir en proyectos que tienen un alto nivel de incertidumbre, estima.
Dice que con menores aportes al fisco «el tema de cómo se financia el plan de inversiones es una pregunta muy relevante. Sobre todo si tienes proyectos que no están 100%, llevándose adelante como Andina 244 o que están atrasados como Radomiro Tomic y Nuevo Nivel Mina El Teniente».
Por otro lado, el experto advierte que Codelco debería evaluar el cierre de Salvador. «Tiene costos demasiado altos y la única posibilidad que tiene es que el proyecto Rajo Inca sea extraordinariamente positivo, lo que es muy difícil. Sería un proyecto nuevo, donde habría que sortear una serie de desafíos, y es complicado (…) Como operación minera no es rentable, y la escala tampoco es compatible con lo que hace Codelco, entonces darle otro tipo de destino a Salvador o a ese distrito podría hacer más sentido», dice.
Codelco ha desvinculado a cerca de 4.300 trabajadores en el último tiempo, en línea con su plan de reducción de costos. Eso sí, han surgido ciertas críticas en cuanto a que los esfuerzos no se han hecho en los segmentos de empleados que mayores costos generan. Guajardo calcula que del total, 2.400 son contratistas, 1.350 han salido por planes de retiro ya programados, 50 son ejecutivos, 350 son supervisores, y cerca de 150 son trabajadores. «Un número como 150 es parte de la rotación natural de una empresa como Codelco (…) En términos promedio, el trabajador regular de Codelco es más caro que la industria privada, pero el ejecutivo es más barato respecto de las empresas privadas. Entonces, cuando se despide un ejecutivo, en términos proporcionales, se está disminuyendo menos que si se hace con un trabajador propio», asegura el experto.
Pequeña minería
Juan Carlos Guajardo recalca que la pequeña y mediana minería son las más afectadas con el actual precio del cobre, porque tienen costos de producción más altos. Sin embargo, afirma que el Gobierno y el sector deben sincerar el estado de estas operaciones y definir cuáles son susceptibles de sobrevivir al actual escenario, porque «no pueden salvarse todas».
Gobierno debe flexibilizar norma de emisiones
«Hace todo el sentido del mundo pensar en flexibilizar la norma de emisiones (de las fundiciones), y darse cuenta de que nos estamos poniendo una camisa de fuerza, que no asegura que llegaremos al resultado esperado», plantea Guajardo, y recomienda al Gobierno extender el plazo de cumplimiento que comienza a fines de 2018.
Por otro lado, comenta que en Asia vio un gran interés para asociarse con Codelco en el desarrollo de fundiciones con contratos off take , es decir, asegurando que cierta producción de la estatal será vendida a ciertos clientes. Así, dice, el fisco no tendría que invertir cuantiosos montos para modernizar las fundiciones que tienen tanto Codelco como Enami.
Agrega que en la mayoría de los casos, las actuales fundiciones hay que reemplazarlas para que sean rentables.
Ley Reservada: «Una vergüenza para la democracia»
Como «una vergüenza para la democracia» califica el ejecutivo la Ley Reservada del Cobre, mecanismo a través del cual Codelco está obligado a destinar todos los años el 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas y que el próximo 1 de enero cumple 58 años de vigencia.
«Acá hay una falta de visión del Estado de cuáles son los verdaderos problemas que tiene que ir enfrentando, y todo esto por la comodidad de no ir al Parlamento a discutir el tema», critica. Agrega que lógicamente es necesario invertir en Defensa, como cualquier país responsable, pero señala que esta ley como tal debe eliminarse y el financiamiento a las FF.AA. debe fijarse «de una forma especial, pero dentro del Presupuesto nacional».
Guajardo dice que «no es solamente una vergüenza porque demuestra que no pudimos resolver democráticamente este tema, sino que refleja la falta de visión del país de los desafíos de Codelco», porque esos recursos podrían destinarse a impulsar su plan de inversiones. En el primer semestre, el 93% de los aportes de Codelco al fisco fueron a las FF.AA.