(El Mercurio) Antes con el DL 600 el inversionista que cumplía con los requisitos presentaba una solicitud de inversión que era sometida a un comité de ministros. Si era aprobado, se firmaba un contrato de inversión extranjera entre el Estado de Chile, representado por el ministro de Economía, y el inversionista extranjero. El contrato ofrecía una serie de garantías, como, por ejemplo, el derecho a repatriar utilidades e invariabilidades tributarias. Esta solicitud se hacía antes de ingresar los capitales al país, y otorgaba un plazo máximo de tres años para materializar estos montos, salvo los proyectos de inversión minera, que tenían hasta ocho años.
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Se deroga el DL 600 y los inversionistas podrán solicitar un certificado de inversionista extranjero que reconoce su estatus. Para ello, el inversionista deberá aportar la información corporativa y del proyecto de inversión necesaria, en base a criterios establecidos por la nueva Agencia de Promoción de Inversión. La solicitud debe presentarse en las oficinas de dicha entidad con posterioridad a la materialización de la inversión.
Desde la Agencia de Promoción de Inversión precisan que el certificado dará acceso a un régimen de inversión extranjera que fija un régimen transitorio de cuatro años, período en el cual el inversionista extranjero podrá solicitar la suscripción de contratos de invariabilidad tributaria.
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Este tema no se aborda.