Lima será sede de la próxima Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), donde intervendrán alrededor de 90 países y más de mil 300 representantes gubernamentales, empresarios de industrias extractivas y miembros de la sociedad civil, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
Para el evento internacional que se realizará el 24 y 25 de febrero de 2016, el MEM a través de su Oficina General de Gestión Social (OGGS), organizó las sesiones de coordinación la semana pasada, con el apoyo financiero del Banco Mundial y la participación de los representantes de Guatemala, Honduras, Trinidad y Tobago, Colombia y Perú.
En la nota publicada por el ministerio peruano se explica que la EITI es un acuerdo de alcance internacional entre el gobierno, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. Su fin es promover una mayor transparencia y rendición de cuentas de los pagos efectuados por las actividades mineras y de hidrocarburos.
La implementación de la EITI es de carácter voluntario e incluye una serie de estándares internacionales impuestos por el Consejo Directivo Internacional de la EITI. Estos estándares constan de cinco fases: adhesión, preparación, revelación, difusión y validación.
En ese sentido, estando próximos a la Conferencia Global, se realizaron sesiones de coordinación, donde funcionarios del MEM y los representantes de los países de nuestro continente que implementan la EITI se reunieron para tratar temas relacionados a las industrias extractivas, propuestas para el fortalecimiento del procedimiento de validación y ajustes para la mejora del Estándar EITI. Además de temas vinculados a los procedimientos de designación de representantes ante el Directorio Global.
En la actualidad, Perú lidera el proceso EITI en América representando a los países de la región en el Directorio Internacional. De esta forma, el Estado peruano se encuentra comprometido en seguir el esquema de trabajo de EITI internacional respecto a la transparencia. Para ello, posee una Comisión de Trabajo integrada por representantes del Estado peruano, las empresas mineras, petroleras y gasíferas y de las organizaciones de la sociedad civil.