La encrucijada de Valdés de cara al debate de la reforma laboral

Oct 26, 2015

El destino de las indicaciones pro pymes, respaldadas por el ministro de Hacienda, será según legisladores de gobierno y oposición, un test de la capacidad de maniobra política del jefe de las finanzas públicas.

(La Tercera) La CUT y el PS le están doblando la mano al ministro Valdés”. Esa es la lectura que hacen desde la oposición e incluso en algunos sectores de la Nueva Mayoría respecto a la situación que enfrenta el titular de Hacienda, luego que el martes 15 de septiembre participara junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en la presentación del paquete de indicaciones pro pymes, dando un apoyo que muchos consideraron explícito a enmiendas que, entre otros, elevan el quórum para formar sindicatos y permiten grupos negociadores en firmas de menor tamaño. Sin embargo, conforme ha transcurrido el debate en particular del articulado, el grueso de estas propuestas ha sido rechazado en la Comisión de Trabajo del Senado, lo que ha puesto en entredicho la influencia del jefe de las Finanzas Públicas en el debate laboral.

Según plantean conocedores de las negociaciones, Valdés -quien desde su arribo a Teatinos 120 en mayo ha enfatizado la necesidad de equilibrar y gradualizar las reformas- se encuentra en una incómoda situación por el nivel de influencia de la CUT en el Ministerio del Trabajo encabezado por Ximena Rincón e incluso en la Presidenta Bachelet. “Cualquier decisión de cambio al proyecto de reforma laboral pasa por el tridente Bachelet- Rincón-Figueroa (presidenta de la CUT), y el ministro de Hacienda ahí tiene poco que hacer”, advierte un senador oficialista.

De los cambios propuestos, dos se referían a aspectos centrales del proyecto. El primero es el aumento de 8 a 25 trabajadores en el mínimo exigido para la constitución de sindicatos en las micro y pequeñas empresas (Mipes), lo que según la CUT dejaría afuera de la posibilidad de negociar colectivamente a cerca de 1 millón de trabajadores. Asimismo, se permitía la coexistencia de sindicatos con grupos negociadores, por lo que en tal segmento de empresas los primeros no contarían con la titularidad para negociar.

Este último punto fue fuertemente resistido por las organizaciones de trabajadores y parte del oficialismo, puesto que desdibujaba uno de los ejes principales del articulado. En el caso del quórum la situación es distinta. “La posibilidad de aumentar los quórum en las Mipes fue un tema que siempre estuvo sobre la mesa. No había consenso respecto a la cifra, pero era un hecho que se aumentaría”, dice una fuente de gobierno. Incluso, otra fuente del Ejecutivo admite que el proyecto original del gobierno consideraba un aumento de quórum para la formación de un sindicato a 16 trabajadores, lo que fue finalmente desechado desde La Moneda, para evitar diferencias con la CUT.

De todas formas hay parlamentarios de la Nueva Mayoría que restan dramatismo al rol jugado por Valdés en la discusión de la iniciativa tras las indicaciones pro pymes. “La discusión estaba derivando hacia materias que van contra el corazón del proyecto y muchos no estamos dispuestos a ceder un centímetro. Valdés entiende que está en una coalición en que hay distintas visiones y las decisiones finales pasan por la Presidenta”.

¿Pero cómo llegó Valdés participar de ese acuerdo pro pymes? La historia comenzó unos días antes. Eran pasadas las 16 horas del viernes 11 de septiembre cuando el ministro Valdés y Ximena Rincón cruzaron raudos desde el edificio de Teatinos 120 al Palacio de La Moneda para reunirse con la Presidenta Bachelet.

“Cuando tengamos algo que informar, lo haremos”, respondió en ese momento el jefe de la billetera fiscal ante la consulta por el avance de las negociaciones para definir las indicaciones que presentaría el Ejecutivo al proyecto de reforma laboral.

Fue en ese encuentro en que la Mandataria validó el paquete de cerca de 60 indicaciones que hizo público el Ejecutivo al día siguiente y que introducían algunos elementos en la línea de las demandas del sector privado, entre ellos el concepto de “libertad de trabajo”, que apunta a garantizar que los trabajadores que no participan de una huelga puedan desarrollar sus labores sin inconvenientes según los requerimientos del empleador.

A la salida del encuentro, el único con una visión distinta era el senador DC Andrés Zaldívar. “Aún hay puntos pendiente por discutir”, señaló en su momento. El parlamentario daba cuenta del sentimiento de un grupo de legisladores oficialistas que no estaban conformes con el acuerdo, por lo que se definió que éstos trabajarían en cambios adicionales. En este paquete se incluiría uno de los temas que concitaba cierto nivel de acuerdo al interior de la mesa negociadora, pero que no se incluyeron en la propuesta original del Ejecutivo: darle una regulación laboral distinta a las pequeñas empresas.

El resultado fue un paquete de 25 indicaciones “pro pyme” al que se sumaron los senadores oficialistas Jorge Pizarro (DC), Ignacio Walker (DC), Rabindranath Quinteros (PS) y el independiente Alejandro Guillier. En tanto, desde la oposición participaron Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI). Asimismo, en las negociaciones participó el asesor Carlos Boada, en representación de la Conapyme.

Sin embargo, el contenido de las mismas marcó las diferencias al interior del oficialismo. A diferencia de Valdés, que se sumó al acuerdo, la ministra Rincón decidió no participar de la puesta en escena, por lo que el ministro de Hacienda tuvo que solicitar de urgencia la presencia del ministro Céspedes en el Congreso para no aparecer en solitario apoyando la propuesta.

Con todo, parlamentarios afirman que el ministro tendrá la posibilidad de jugar sus últimas cartas en el Senado de cara al 2 de noviembre, fecha en que el Ejecutivo tiene programado ingresar nuevas indicaciones al proyecto, lo que, estiman, será la prueba de fuego para su capacidad de maniobra política.

De hecho, las reuniones que ha sostenido la Presidenta Bachelet, junto a Valdés y Rincón, con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock en La Moneda, les han abierto a los privados una ventana para introducir cambios al proyecto, aunque ellos mismos admiten pocas expectativas de que estos aborden aspectos claves de la iniciativa legal.

El jueves la CUT se abrió a la posibilidad de extender los plazos negociación de la iniciativa que se discute hoy en el Senado, aunque garantizando los principales ejes del proyecto. “Hemos quedado con el desafío de abordar los nudos críticos de este proyecto y seguir haciendo el esfuerzo, que hemos hecho hasta ahora, de discutir con el Parlamento e incluso revisar algunas redacciones en torno a las indicaciones”, dijo la titular de la multigremial, Bárbara Figueroa.

Sin embargo, desde la oposición no creen que el ministro de Hacienda pueda en este período imponer algunas de sus propuestas en el seno de la Comisión de Trabajo del Senado. “Yo creo que no va a haber un acuerdo. La CUT y el PS le van a doblar la mano a la DC y al ministro Valdés. De hecho, la DC, para efectos prácticos, desapareció del debate”, comenta un legislador.

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