(El Mercurio)¿La paralización de los proyectos mineros solo obedece a la drástica caída en el precio del cobre? En el sector estiman que si bien este factor es medular, a él se suman una serie de regulaciones y normativas en Chile -que están siendo modificadas o revisadas en simultáneo- que han resultado ser un obstáculo para el crecimiento de la industria.
«Existe una incertidumbre interna que hace que Chile no sea la niña bonita como lo fue en las últimas décadas», acusa el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien revela que, antes de seis u ocho años, no se concretará ningún proyecto nuevo en el país.
En el último tiempo se ha observado una proliferación de cambios regulatorios impulsados tanto por el Gobierno como por los parlamentarios. Son catorce principalmente y, entre ellos, figuran las reformas laboral y tributaria, la modificación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto de subcontratación, y la modificación a la ley de glaciares, entre otros (ver recuadro).
Al mismo tiempo, la cartera de proyectos en evaluación del Consejo Minero sufrió un importante recorte: de los US$ 66 mil millones que había el año pasado, hoy solo persisten US$ 47 mil millones.
«Cuando tienes al menos 14 normas, algunas importantes y otras no tanto, que de alguna u otra manera modifican el marco jurídico bajo el cual se desarrolla la actividad minera, es muy esperable que un inversionista que pretende poner en Chile alrededor de US$ 8 mil millones por los próximos 30 años, postergue su decisión hasta que muchas de estas normas estén resueltas, porque solo entonces va a conocer el marco jurídico y verá si Chile sigue siendo atractivo», añade Villarino.
Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, dice que en el congelamiento de las inversiones han influido las trabas regulatorias, el problema del mercado, y también aspectos técnicos y presupuestarios que han tenido como consecuencia la suspensión de ciertos proyectos. Aún así, reconoce que el aspecto normativo se ha ido complejizando y que es el factor que supone más dificultades, dado que «no se sabe cuándo se podrá resolver. Son factores menos controlables que los demás», asegura. «Cuando se hace todo junto genera un efecto mayor, ya que es más difícil de evaluar en las firmas», recalca.
Metas de producción son un sueño
Los proyectos de inversión que realizan o que se evalúan son adecuaciones, ampliaciones, plantas de lixiviación, o desaladoras, pero no corresponden a producción nueva.
Este año el país tenía como meta producir seis millones de toneladas de cobre fino, pero no se logrará. «Más de 5,8 millones de toneladas este año no vamos a cumplir. Y los ocho millones de toneladas que teníamos como gran sueño a 2023 son solo eso: un gran sueño», dice Joaquín Villarino.
El líder gremial explica que una baja de precios como la actual -que en el año acumula una caída cerca al 20%- con los costos de producción de hace diez años, sería sustentable. «El problema es que los costos se dispararon; entonces hay que aumentar la productividad y disminuir dotaciones», asegura.
El costo de inversión de la minería se ha multiplicado por cinco. Esto, sumado a la baja del precio del cobre, la escasa productividad, y el alza de costos de la industria -que muestra números por sobre el promedio mundial- convierten el escenario actual en una «tormenta perfecta», sostiene el ejecutivo.
Las Normas que critica el sector
Las catorce normativas que en opinión de los mineros generan el clima de incertidumbre para invertir son: reforma tributaria ; laboral ; posible cambio a la Constitución ; modificación del Sistema de Impacto Ambiental (SEA) ; implementación del Convenio 169 sobre consulta indígena ; prohibición de relaves submarinos; moción para reglas de trabajo intermitente en altura ; ley de transmisión de energía (el costo se carga a la demanda); modificación a ley de protección de glaciares (se les reconoce como reservas de agua dulce y proveedores de servicios ecosistémicos); reforma al Código de Aguas (aprovechamiento podrá ser limitado en función del interés público); proyecto de ley de subcontratación impropia (no aceptar subcontrataciones fuera del giro de la empresa); servicio de áreas protegidas y biodiversidad (restricciones a actividad productiva); moción sobre derecho real de conservación (en las concesiones), y gestión de residuos y responsabilidad del productor (obligaciones costosas para empresas).