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Exponen fortalezas y debilidades de normativas mineras en países de la región

En Perumin 2015, especialistas del área regulatoria minera compartieron sus visiones respecto de las normativas de Argentina, Chile, Perú y Colombia.

(Desde Arequipa, Perú) En la cuarta jornada de Perumin, abogados expertos en minería de Argentina, Chile, Colombia y Perú reflexionaron acerca de las fortalezas y debilidades de los marcos regulatorios de sus respectivos países.

La abogada argentina Florencia Heredia, de Holt Abogados, señaló que en su nación el otorgamiento de permisos y su fiscalización pasa mayoritariamente por las autoridades provinciales, y solo algunos permisos a nivel nacional. Al respecto destacó que “aquellas provincias con sistemas mineros jurídicos son más prolijas y ordenadas”, en comparación con aquellas donde la aprobación y tramitación de los proyectos mineros son de corte administrativo.

En el caso de Perú, Francisco Tong, de Rodrigo Elías & Medrano Abogados, apuntó que el país ha pasado de tener 10 normas mineras en los 90, a alrededor de 450 en la actualidad. “Hay que ir unificando (normas) y actualizar la ley general de minería, ya que muchas de estas normas generan confusiones; algunas son rígidas y no permiten el dinamismo de la minería a largo plazo”, opinó.

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Por otro lado, el abogado chileno Jerónimo Carcelén, de Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia, se refirió a la “permisiología” en Chile, enfatizando que “los ‘dolores de cabeza’ no vienen de la institucionalidad, sino de cómo se ejecutan los permisos y requerimientos que se necesitan durante la tramitación de proyectos mineros”.}

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Un panorama distinto presenta la situación de Colombia, en la visión de James Valdiri-Reyes, de Cárdenas & Cárdenas Abogados. El colombiano argumentó que en su país existe un “exceso de leyes”, para regular cualquier proyecto que se presente para su aprobación. Sin embargo, para Valdiri-Reyes, el aspecto más relevante es enfrentar de manera decidida la minería ilegal, la que es impulsada por grupos guerrilleros y paramilitares, evadiendo impuestos y dañando el medio ambiente, sin ser estos actos sancionados.

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