(La Tercera) Ayer 31 de agosto se cumplió el primer plazo autoimpuesto por el gobierno para despachar el proyecto de reforma laboral. Y pese a que el debate se ha extendido por las diferencias existentes en el oficialismo respecto a materias como el reemplazo interno en caso de huelga, los equipos técnicos de los ministerios de Trabajo y Hacienda trabajan intensamente con el objetivo de alcanzar un consenso antes del mediodía del 7 de septiembre, fecha límite para el ingreso de las indicaciones al proyecto.

En este escenario el gobierno estaría desechando la opción de ingresar una indicación que explicite la posibilidad de reemplazo en huelga con trabajadores internos, dando un espaldarazo a la postura de la bancada de senadores socialistas, junto a sectores de la DC, encabezados por la senadora Carolina Goic, y del PPD, liderados por Adriana Muñoz.

El análisis que realizan en el Ejecutivo es que manteniendo el concepto de reemplazo del “puesto de trabajo” y de los “servicios mínimos” considerados en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, más las “facultades de administración” que el actual Código del Trabajo entrega a los empleadores, y que se mantienen en este proyecto, hacen innecesario el ingreso de una indicación en esa línea, postura que es respaldada además por el ex ministro del Trabajo y actual diputado miembro de la comisión homónima, Osvaldo Andrade.

Este punto no convencería totalmente a algunos de los representantes de Hacienda que participan de las negociaciones y genera diferencias con el bloque de legisladores de la Nueva Mayoría que se muestran partidarios de hacer “explícito” el reemplazo con trabajadores internos. Se trata además de una de las principales demandas del sector privado -en un contexto de desaceleración de la actividad económica- advirtiendo que ello podría tener negativos efectos en el empleo. También desde la oposición se han mostrado a favor de incluir dicha modificación.

Con todo, a cambio de excluir el reemplazo interno, el Ejecutivo trabaja en cambios en otras materias conflictivas como la posibilidad de fijar quórums para el ejercicio de la titularidad sindical y los pactos de adaptabilidad, además de requisitos diferenciados para las micro y pequeñas empresas.

Suspensión de reunión

El pasado viernes los senadores de las Comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado recibieron un correo desde el Ministerio del Trabajo para invitarlos a una reunión ayer lunes, a las 17:30 horas, donde se les daría a conocer el avance que llevaban adelante los equipos técnicos de ambas carteras de cara al envío de las indicaciones.

No obstante, las deserciones de los senadores Juan Pablo Letelier (PS )y Andrés Zaldívar (DC) por “problemas de agenda”, obligaron a posponer el encuentro, lo que generó ruidos entre los actores involucrados en la discusión.

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa señaló que “es preocupante que el cronograma establecido y autoimpuesto por el Ejecutivo hoy no se está respetando, porque al parecer habría falta de entendimiento dentro de los propios ministerios, lo que es lamentable porque a nuestros ojos este proyecto ya viene con un proceso de debate pre-legislativo bastante intenso”.

La líder sindical agregó que lo que hoy corresponde es que las indicaciones se ingresen cumpliendo el plazo del 7 de septiembre de manera de acelerar la tramitación del proyecto. “Esperamos que este retraso en el debate tenga que ver más con un perfeccionamiento mucho más fino del proyecto y no que se deba al interés de dilatar”. Por esta razón, el llamado de Figueroa al gobierno fue que se tome “con la mayor seriedad este debate que estamos haciendo y, en este sentido, no son irrelevantes los plazos”.

En este punto, la vicepresidenta del Senado y miembro de la Comisión de Trabajo, Adriana Muñoz (PPD), aseguró que no hay diferencias dramáticas. “Tenemos puntos que hemos detectado en estas conversaciones que provocan diferencias dentro de nosotros con el gobierno, entre nosotros mismos,. Eso es lo que queremos despejar antes de llegar al tratamiento de la discusión en particular y cumplir con los plazos”.

Respecto a la posibilidad de no alcanzar acuerdo antes del envío de las indicaciones, la parlamentaria por la Región de Coquimbo reconoció que el riesgo de que el proyecto llegue a Comisión Mixta ante un eventual rechazo de la Cámara de Diputados en el tercer trámite legislativo está latente.

“Por eso estamos trabajando para disminuir las diferencias y hacer posible que esta tramitación sea sin mixta. Hemos trabajado permanentemente con los diputados de la Comisión de Trabajo para evitar estas brechas”, agregó.

Para evitar este riesgo, la postura del Ejecutivo es flexible. Pese a que lo ideal para Hacienda era que el acuerdo se alcanzara previo al viaje que este sábado iniciará el ministro Rodrigo Valdés a Londres para encabezar el tradicional Chile Day -y con esa meta trabajan a toda máquina los equipos técnicos- no se descarta la posibilidad de solicitar extender, al menos una semana, el plazo para el ingreso de las indicaciones.

Esta postura no es mal vista por los senadores involucrados en el debate. La presidenta del PS, Isabel Allende, se mostró públicamente partidaria de ampliar los tiempos de debate. “Se tomarán los días que sean necesarios, una semana más o lo que sea para efectivamente lograr ese acuerdo que se está buscando. Seguirán las reuniones, seguirán las conversaciones”, explicó.

Por esta razón, la reunión suspendida ayer entre los equipos técnicos de los ministerios y los senadores de las Comisiones de Trabajo y Hacienda se concretaría hoy en el Congreso, encuentro que daría luces respecto de alcanzar un acuerdo para el envío de las indicaciones en la fecha pre fijada o, en caso contrario, extender el plazo para su ingreso.