(El Mercurio) Una manutención de $400 mil al mes durante medio año, a través de capacitaciones pagadas; entrega de canastas familiares; agilizar pensiones de gracia para los trabajadores sobre los 50 años, y ayuda social. Esa fue la propuesta que ayer en la tarde les ofreció el Gobierno a los 184 pirquineros de la mina Santa Ana de Curanilahue (Región del Biobío), quienes aceptaron el ofrecimiento anoche, pasadas las 22:00 horas.
Finalmente, pasada la medianoche, 69 mineros abandonaron el yacimiento, en el que completaban dos semanas a 450 metros de profundidad, donde también estuvieron otros compañeros de faenas que fueron saliendo durante los últimos días.
El conflicto involucra a la empresa SW Curanilahue S.A. y a los trabajadores que exigen el pago de unos $140 millones de sus sueldos de julio y otros $200 millones por imposiciones impagas desde hace 11 meses.
Sin embargo, aludiendo al riesgo que enfrentaban los huelguistas, el Gobierno decidió intervenir, aseguró el gobernador de Arauco, Humberto Toro. Más aun cuando el lunes los pirquineros bloquearon el acceso al yacimiento y dejaron de recibir comida y agua.
«Desde que comenzó la huelga, los colegas se habían ido corriendo cada vez más hacia el interior de la mina. Ahora estaban en la Maestra 35, una galería donde estábamos sacando carbón», contó Addiel Jara, uno de los dirigentes de los trabajadores.
Durante la noche, unas 350 personas esperaron ansiosas afuera del pirquén el fin de la huelga, mientras que mineros que permanecían en la superficie montaron tres carros de arrastre para subir a sus compañeros en grupos de a 20. Esto, con el fin de dejarlos al ingreso del yacimiento, pues quisieron salir todos juntos.
El Servicio de Salud de Arauco, en tanto, montó una improvisada enfermería, pues los trabajadores fueron revisados por médicos en el lugar antes de ser autorizados a que volvieran a sus casas. Si era necesario, algunos serían trasladados hasta el Hospital de Curanilahue.
Hasta esa comuna viajó anoche el intendente Rodrigo Díaz para oficializar el acuerdo que, además, incluye asesoría legal y el compromiso del Gobierno de buscar alternativas para que la mina siga funcionado, ya sea atrayendo a un nuevo inversionista o apoyando la creación de una cooperativa integrada por los propios trabajadores.
Empresa propietaria
En estas dos semanas de huelga, según la seremi de Minería de Biobío, Victoria Fariña, solo un abogado que dice representar a la compañía se contactó con el abogado de los pirquineros y con ella.
«Este abogado ha dicho que quieren entregar la pertenencia de la mina a los trabajadores para que con eso se paguen, pero eso ha sido solo un contacto informal, no hay nada escrito, y aunque así fuera hay que analizar su viabilidad legal y económica. Yo creo que esa propuesta busca frenar que no se apele a la unidad económica (ver recuadro)», dijo la seremi.
La ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que «repudiamos esta situación, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos laborales, porque además nos encontramos hoy con una faena que no tiene titular, o sea, no tenemos a quién notificar».
La mina Santa Ana, cuya explotación partió hace 6 años y medio, es el pirquén más grande de Curanilahue, comuna conocida por albergar a más de 200 faenas de este tipo, la mayor parte con problemas en su regularización. Es la única que cuenta con vigas de acero en sus galerías, las más grandes de hasta tres metros de altura y produce en promedio 3.800 toneladas al mes de carbón, aunque en el último mes la extracción rondó las 2 mil toneladas.
Acciones judiciales
Los mineros ingresaron a tribunales una demanda en la que solicitan la declaración de unidad económica, pues argumentan que SW Curanilahue S.A., la dueña del pirquén, se relaciona con ocho empresas, por lo que a través de ellas podrían obtener el pago de la deuda.
«La hipótesis es que los verdaderos dueños sacan las riquezas de SW Curanilahue y se desligan, dejándola casi al punto de la quiebra, pero se comercializan por otras empresas, siete de las cuales son del empresario Rodrigo Danús», comentó la seremi de Minería de Biobío, Victoria Fariña.
Danús ha afirmado que vendió su parte de la mina en diciembre de 2014 a Manuel Hernández, quien tiene el 50% y es el representante legal. Sin embargo, la seremi afirmó que «se le vendieron 100 mil acciones a un peso la acción, lo que claramente es un acto de simulación, y además el señor Hernández me ha dicho por teléfono que él solo está haciendo un favor».
A esta acción legal se suma un recurso de protección que interpuso el Gobierno en favor de la integridad de los huelguistas; una denuncia por vulneración a la vida, integridad física y psíquica de ellos, y una querella por apropiación indebida, porque la empresa descontó créditos sociales que nunca pagó.