(La Tercera) La minera estatal Codelco informó este martes que presentará una querella contra quienes resulten responsables «por los actos de sabotaje que ocurrieron en las últimas horas, en División Ministro Hales, en la ciudad de Calama».
En cuanto al estado de la división -que se encuentra ocupada desde ayer, por un grupo de contratistas- Codelco señaló que está operando con restricciones.
«Los manifestantes, que ingresaron ilegalmente a sus instalaciones y permanecen en ellas, cortaron una correa overland de transporte de mineral con el objetivo de detener la continuidad de marcha de las operaciones», señaló la compañía.
Este equipo, que se encontraba con mineral cargado, es fundamental para toda la cadena productiva, por lo que su detención podría traducirse en una pérdida diaria de producción de aproximadamente 70 toneladas de cobre fino, agregó.
Asimismo Codelco anunció que «presentará un recurso de protección que busca proteger las instalaciones frente al ingreso ilegal de las personas a la faena. La medida tiene como objetivo solicitar el abandono de los manifestantes bajo el entendido que éstos -en su deambular por las distintas áreas- se encuentran expuestos a los riesgos propios de una faena minera, donde pueden protagonizar accidentes e incluso poner en peligro su vida, toda vez que han vulnerado peligrosamente todas las medidas de seguridad exigidas en las operaciones mineras, situación que ha sido puesta en conocimiento del Sernageomin».
Estos incidentes se produjeron mientras en Santiago se producía la primera sesión de la mesa de diálogo convocada por Agema (Asociación Gremial de Empresas para la Minería y Rubros Asociados), a la que acudieron ejecutivos de las empresas contratistas y Codelco en su rol de facilitador, y de la que se restaron los representantes de los trabajadores contratistas movilizados.
Los trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco, agrupados en la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) completan 15 días de movilizaciones exigiendo que la minera estatal negocie el Acuerdo Marco, mediante el cual establecen sus beneficios laborales, en el cual Codelco actúa como facilitador.
Sin embargo, Codelco sostiene que son las empresas contratistas las responsables de la relación laboral con sus trabajadores y ha condicionado su participación en dicha instancia siempre y cuando no se se negocien bonos de término de conflicto o complementos salariales. En la estatal, además, estiman que acceder a las demandas de los movilizados implicaría un costo de US$1.000 millones en el largo plazo.