«Las inversiones pueden tener objetivos de cumplimiento ambiental más exigentes de lo que contempla la norma y también tener un objetivo de ampliación de capacidad futura», manifestó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, al referirse a los planes de inversión de las fundiciones para adecuarse a la norma de emisiones a partir de 2016 en el caso de las instalaciones que cuentan con tecnología de doble contacto y desde 2018 para el resto.
El personero intervino en el Tercer Encuentro de Calidad del Aire en la Industria Minera, Airemin 2015, realizado en la ciudad de Antofagasta. En ese marco, advirtió sobre las amenazas que enfrenta la producción de concentrado de cobre, relacionadas con restricciones en el transporte marítimo y el factor de China, que respectivamente podrían limitar los envíos de concentrados y afectar a nuestro país con mayores cargos de fusión.
Hernández hizo ver que ni a las empresas estatales ni a las privadas les interesa invertir en pirometalurgia, por un tema de rentabilidad, y que bajo la norma de control de emisiones se contemplan inversiones sólo para cumplir las nuevas exigencias ambientales de captación (de hasta 95% de SO2) y no para aumentar la capacidad de producción.
«¿Pero quién piensa en el largo plazo? ¿Quién piensa en China y sus fundiciones, y en el poder monopólico de producción de cobre que tendrán y su futuro poder monopsónico de compra?», planteó el vicepresidente ejecutivo de Cochilco.
Destacó que afortunadamente este tema lo han puesto en la discusión pública y esté teniendo eco en el Parlamento.
Inversiones para adecuarse a la norma
Hernández señaló que las fundiciones estatales invertirán cerca de US$1.700 millones a 2018 para ajustarse a la nueva normativa de emisión para fundiciones de cobre y fuentes emisoras de arsénico.