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Joaquín Villarino: «Esperamos una reacción firme del gobierno y de Codelco, que no haya impunidad»

El representante de las grandes mineras dice que sería una pésima señal que, por esta movilización, los trabajadores externos consigan beneficios económicos.

(La Tercera) “Muy negativa”. Así de tajante es la evaluación que hace Joaquín Villarino del conflicto entre Codelco y los trabajadores subcontratados, que se mantienen movilizados desde el 21 de julio en demanda de mejoras al acuerdo marco que rige las relaciones laborales del sector desde 2013 y que tiene vigencia hasta 2016.

Y es que, a juicio del presidente del Consejo Minero -gremio que agrupa a la gran minería privada del país y a Codelco-, lo que se ha visto en esta paralización es que, a través de “movimientos extremadamente violentos, ilegítimos y que no tienen una justificación evidente, se está intentando chantajear y obligar a negociar condiciones que ya fueron conversadas, que están en un convenio vigente y cuya renegociación aún no corresponde”.

Una de las preocupaciones que manifiesta el ejecutivo es que el resultado de esta movilización pueda repercutir en el resto de la industria: “A modo de imagen o ejemplo, después los contratistas, frente a otras empresas, van a intentar entrar a negociaciones similares”, dice. Villarino indica que la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), instancia que agrupa a los trabajadores contratistas y que gestó la movilización, si bien busca mejoras para sus adherentes, también tiene un incentivo económico, dado que por cada persona “beneficiada por el acuerdo marco, recibe una cierta cantidad de dinero que en la última vuelta le significó US$ 4 millones, o más”.

“No entendemos por qué fuera de ese plazo (la CTC) promueve un movimiento de esta naturaleza, que significa altísimos costos para Codelco en una situación en que el precio del cobre no permite mucho margen. También hay grandes perjuicios para las firmas contratistas, para el país, y atendidas las características de violencia, hay una persona fallecida. Eso no justifica ningún beneficio que puedan obtener”, complementa.

El miércoles Codelco dijo estar disponible, con condiciones, para sentarse a conversar.

El presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, dijo que, una vez que se normalicen las faenas, ellos estaban dispuestos a hablar sobre condiciones de habitabilidad y laborales, no sobre beneficios económicos. Ahora, a mí me parecería mal que, a través de esta movilización, se consiguieran beneficios económicos. Sería una señal nefasta para la industria y una pésima señal para el país, que va a recibir como mensaje que, recurriendo a la violencia, se pueden obtener beneficios laborales.

¿Ve con atención las señales que puedan salir de la solución de este conflicto, en el sentido de que puedan traspasarse al rubro privado?

No se produce un traspaso automático. Lo que a nosotros nos preocupa, sobre todo, es la forma. Consideramos inaceptable que se use la violencia para obligar a negociar a las partes en períodos en que no corresponde. Esta no es la forma ni el momento. El país, el gobierno en particular, debe dar señales potentes y claras en la línea correcta. Si no, se va producir una situación extremadamente grave. Y es que cualquier organización que pretenda algo que no se le otorgue de inmediato se va a considerar legitimada para recurrir a la fuerza. Por eso es tan grave que, mediante una indicación, se haya eliminado del proyecto de reforma laboral, en la Cámara de Diputados, la referencia a que las huelgas deben ser pacíficas (…) Esperamos una actitud firme del gobierno y de Codelco, que no haya impunidad.

¿Es necesario volver a incluir el concepto de huelga pacífica en la reforma laboral?

Este episodio manifiesta irredargüiblemente que la señal que se tiene que dar es que las huelgas deben ser pacíficas. Eliminarlo (del proyecto) va, evidentemente, en sentido contrario. Da la impresión de que todo está permitido y eso no es aceptable.

¿Qué opinión le merece la reacción del Ejecutivo, de la autoridad, ante lo sucedido en Codelco?

Las declaraciones del secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, y del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, que han señalado que por la vía de la violencia no se debiera obtener nada, debieran tener una consecuencia en lo práctico. Es decir, no puede ser que tengamos estas declaraciones y después nos sentemos a conversar como si no hubiera pasado nada. En el paro de los transportistas, el ex presidente Ricardo Lagos, por mucho menos que esto, aplicó la Ley de Seguridad del Estado. Esto más que amerita la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.

Óscar Landerretche, presidente del directorio de Codelco, dijo ayer que, a propósito del boom del cobre, la subcontratación creció exponencialmente y que se debe internalizar trabajadores. ¿Coincide con ello? ¿Cuál es el diagnóstico en el área privada?

Si el análisis del presidente de Codelco lo lleva a esa conclusión, es la adecuada; es quien mejor la conoce. En las compañías del sector privado me consta que, a propósito de los análisis de costo, de la revisión que se ha hecho de los procesos, de la necesidad de mejorar la productividad y competitividad, esto es uno de los temas que se ha estado analizando. No puedo a dar una respuesta general; esto tiene situaciones muy particulares, incluso dentro de las mismas empresas.

Villarino plantea que en Chile hay un estado de derecho que permite una discusión madura, como ha sido tradición, en virtud de la cual el sector minero ha “obtenido beneficios legítimos que lo ponen a la vanguardia en las condiciones laborales si se compara con otros sectores productivos del país”. Y finaliza: “Este tipo de conductas (violentas), que tienen resultado de muerte, de destrucción de la propiedad y que son un abierto chantaje, no deben ser toleradas por la autoridad ni las empresas”.

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