(Pulso) Tal como hace ocho años, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) tiene entre las cuerdas a Codelco.
La organización, ligada a dirigentes PC y que se atribuye la representación de los trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios a la corporación, inició la semana pasada un paro que incluye la toma de las instalaciones y el corte de rutas, mediante lo cual buscan presionar a la minera estatal para que se siente a negociar con ellos.
Este movimiento, según plantea la propia CTC, tiene por objetivo forzar una renegociación de los términos del Acuerdo Marco firmado entre las empresas contratistas y sus trabajadores en 2007, y mediante el cual se consiguió una serie de beneficios para ellos, incluyendo bonos.
Es precisamente en la interpretación histórica de los hechos ocurridos hace siete años donde surgen los primeros puntos de divergencia. Mientras la CTC asegura que Codelco firmó esos acuerdos participando de una mesa tripartita, en la minera señalan que sólo actuaron como mediadores, pero que el acuerdo no lleva su firma y que se trató, además, de una mesa bipartita.
Este punto es clave porque, para la CTC, la participación de Codelco en el Acuerdo Marco configura una negociación ramal, lo cual no existe en la legislación laboral chilena pero que buscan ganar en la calle, estableciéndolo de facto. Esto, en el marco de la discusión de la Reforma Laboral en el Congreso, en el que este punto no está incluido.
Dentro la estatal creen que las motivaciones de la CTC son dos: el pago de un bono de término de conflicto por unos $2,5 millones -según conversaciones informales con los huelguistas- y la entrega de recursos para la propia Confederación de Trabajadores del Cobre. Esto último, porque en la anterior negociación se pactó el pago de $30 mil, costeados por el empleador, a la organización que el trabajador escoja.
Lo que está en juego en ese ítem corresponde a $120 millones, recursos que permitirían fortalecer a la CTC, aumentar su presencia territorial y su alcance comunicacional. Más aún considerando que su histórico presidente, el dirigente PC Christian Cuevas, regresó a Chile tras renunciar a su cargo de agregado laboral en España.
En el caso del bono de término de conflicto, acceder a ello en los términos que se están planteando para los 40 mil contratistas equivale a un gasto de US$150 millones, cifra que a la vez representa poco menos de la mitad de los US$312 millones de excedentes obtenidos por Codelco al primer trimestre.
Negociación paralela
Ayer, pese a que las manifestaciones se intensificaron -afectando a Chuquicamata y a Andina además de Salvador, que permanece paralizada desde la semana pasada- la administración de la minera reiteró que no está disponible para negociaciones paralelas. Así lo ratificó su presidente ejecutivo, Nelson Pizarro, quien señaló: “No nos parece posible permanecer en negociaciones paralelas habida cuenta que los procesos que en algún momento llevaron a acuerdos de bonos y beneficios surgen en un momento del boom del precio del cobre, situación que hoy es radicalmente distinta”.
Pizarro ahondó en este punto: “Hoy, el precio del cobre está bajo los US$2,40 y, en esas circunstancias, no hay a mi juicio, y el directorio así lo entiende, ninguna posibilidad de repetir los esquemas del pasado reciente”.
En tanto, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, además de pedir que se esclarezca la muerte del trabajador Nelson Quichillao en el marco de un intento de desalojo de la ruta hacia Salvador, comentó que “nos preocupa la marcha de una empresa que es fundamental para los interés estratégicos de Chile. De ahí viene parte del presupuesto fiscal”.
Díaz dijo que esperan que el conflicto se resuelva con diálogo, pero sin afectar los intereses de la compañía.